Pilar Dantés / LA RED DE ALTAMIRA
TAMPICO. – Durante el III Congreso Internacional de Derecho “Innovación Jurídica y Tecnológica” organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, especialistas de México, Colombia y España debatieron sobre los impactos de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito jurídico.
El encuentro permitió analizar desde la automatización de procesos judiciales hasta el uso de algoritmos en la toma de decisiones legales, así como los desafíos éticos, normativos y técnicos que esta tecnología plantea.
Juan Jorge Olvera Reyes, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de México, destacó que “este concepto de inteligencia artificial ya está contenido también en el diccionario de la Real Academia Española y se admite como la disciplina que se ocupa de programar la programación informática que ejecuta operaciones comparables a las que realiza la mente”.
Por su parte, Rodolfo Chacón Rangel advirtió sobre los riesgos asociados a la “opacidad algorítmica y los sesgos que pueden influir en decisiones judiciales automatizadas”, ejemplificando con el programa COMPAS en Estados Unidos, que “otorgó una diferencia de más de seis años de prisión a una persona de color. Ese es un riesgo real”.
Los expertos coincidieron en que la universidad debe ser el espacio natural de reflexión y regulación frente a las transformaciones tecnológicas que modifican la práctica jurídica.
“La inteligencia artificial es una herramienta valiosísima, pero también contradictoria si no hay una reflexión moral ni una regulación adecuada”, señalaron.
Además, reconocieron que, a pesar de los riesgos, la IA ofrece ventajas importantes, como “la capacidad de procesar grandes volúmenes de documentos en tiempo récord”, lo que podría optimizar los procesos judiciales.
Finalmente, enfatizaron la necesidad de mantener una supervisión ética y humana sobre el uso de la inteligencia artificial para equilibrar sus beneficios con la protección de derechos y la justicia.
El congreso reunió a expertos en derecho penal, derechos humanos, derecho financiero y sistemas computacionales aplicados, quienes aportaron una visión integral sobre esta revolución tecnológica en el campo jurídico.
