Fabrican FALSAS ACUSACIONES para desaforar a Cabeza de Vaca

Fabrican FALSAS ACUSACIONES para desaforar a Cabeza de Vaca

El Gobierno Federal a través de la Fiscalía de la República pretende armar un juicio para desaforar al mandatario tamaulipeco con fines electorales

La mañana de este martes, el abogado Alonso Aguilar Zinser, representante legal del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, exhibe las perversas intenciones del Gobierno Federal, al encontrar en la denuncia ningún vínculo con delincuencia, detectando solamente “un delito patrimonial”, del cual dijo van a comprobar que también es un delito fabricado por el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador.

ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA

CD. DE MÉXICO.- La mañana de este martes, el abogado Alonso Aguilar Zinser, representante legal del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, exhibe las perversas intenciones del Gobierno Federal, al encontrar en la denuncia ningún vínculo con delincuencia, detectando solamente “un delito patrimonial”, del cual dijo van a comprobar que también es un delito fabricado por el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El litigante dio a conocer que la Fiscalía le imputa una denuncia por delito patrimonial, por la venta de un departamento con valor de 42 millones de pesos, en Santa Fe, el cual fuera comprado por el hoy gobernador en 2013 y vendido a un particular en el año de 2019 de manera legal, sin embargo, el Gobierno Federal a través de la Fiscalía de la República, con lo cual pretende armar un juicio para desaforar al mandatario tamaulipeco con fines electorales.

Aguilar Zinser, precisó: “En este asunto no hay vinculación, no hay vinculación con delincuencia, se habla de delincuencia por las personas que participaron en esta operación, pero no bandas violentas, este es un delito finalmente patrimonial”.

En entrevista, el abogado dejó en claro que todo está justificado legalmente, se hizo la escritura y se pagaron los impuestos, el comprador es una persona que no tiene nada que ver con el Gobierno del Estado y los recursos fueron destinados a una empresa agrícola familiar que se fundó desde hace muchos años, antes de que Cabeza de Vaca fuera funcionario de Gobierno.

“Vamos a acreditar que ese dinero lo recibió el gobernador por haber vendido un departamento. Es un departamento en Santa Fe. Lo compraron a un precio menor en 2013 y lo remodelaron. Está acreditado el origen”, señaló el abogado.

Aguilar Zinzer añadió que en el proceso se cuenta con siete días para contestar los hechos, por lo que se encuentran recabando cada una de las evidencias para refutar las acusaciones, “vamos a proceder a ofrecer pruebas en el término que añade la sección instructora y habrá 30 días para desahogar esas pruebas”.

“Lo vamos a acreditar; está la acusación de la Fiscalía, nosotros respetamos a la Fiscalía, ellos hicieron una denuncia, evalúa y determinan que podría ser una conducta constitutiva de delito. Nosotros tenemos el derecho legal y constitucional de aportar las pruebas procedentes y acreditar por qué se hizo la operación y cuál es su justificación legal, contable y económica… La Cámara de Diputados determinará quién tiene la razón”.

NO HABRÁ DESAFUERO

Respecto al desafuero impulsado por el Gobierno de Andrés López Obrador, el abogado dejó en claro que el gobernador no puede ser removido de su cargo ni puesto a disposición de las autoridades ministeriales o judiciales, debido a una excepción que existe en el artículo 111.

De acuerdo al párrafo segundo del artículo mencionado, la declaración de procedencia deberá ser pasada a la legislatura de los estados, en este caso Tamaulipas, donde el Artículo 44 de la Ley de Servidores Públicos va a reglamentar porque es un Estado Soberano, y se deberá convocar al Congreso Local para que manifieste si procede o no procede el juicio de remoción del cargo y si el Gobierno Federal se lo brinca, estaría incurriendo en un delito, porque únicamente los funcionarios federales pueden ser desaforados por el Congreso Nacional.