PILAR DANTÉS / LA RED DE ALTAMIRA
TAMPICO.- En el tema de la despenalización del aborto, la controversia radica en que México pertenece al Pacto de San José Costa Rica que reconoce la vida desde la concepción y que fue firmado por la entonces Ministra, Olga Sánchez Cordero y debido a que sigue vigente, la autoridad competente debe explicar qué criterio utilizó para legalizar la interrupción de un embarazo.
Al respecto se refirió Edgar Cruz, abogado humana vitae tras señalar que, de acuerdo al último censo poblacional en el 2020, el INEGI estableció dos pautas bastante interesantes que incluso forman parte de diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Uno, el 93% de las mujeres que viven en pareja, lo hacen con la finalidad principal de procrear y solo un 7% optan por tener otras decisiones.
La otra es que Tamaulipas, 7 de cada 10 mujeres encabezan un hogar con hijos lo que refiere una integración familiar completa.
“Algo bastante peculiar en relación a lo de la SCJN es que el derecho también se carga de moralidad y de acuerdo a lo que la sociedad requiere en ese momento; no puede decidirse exclusivamente bajo determinadas circunstancias o criterios que dejan de lado otras cuestiones; México no se encuentra apartado del Pacto de San José de Costa Rica que en su artículo 4° reconoce la vida desde la concepción”.
Menciono que, desde la novena época, la ministro en retiro, hoy senadora Olga Sánchez Cordero fue quien propuso ese proyecto de jurisprudencia y que fue aprobado por el pleno de la Corte.
“Habrá que preguntarles a las autoridades qué va a pasar con esos criterios contrapuestos y en el caso de aquí del Congreso del Estado, si va a escuchar las voces de la ciudadanía al menos aquí en Tamaulipas porque hay que recordar que somos por principio una república representativa y ellos representan lo que la sociedad desee”.
Al ser anticonstitucional omitir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la despenalización del aborto, dijo que al no estar de acuerdo se procede al amparo como ocurrió con Coahuila y Sinaloa, todo derivado de una resolución prácticamente “al vapor”.
“Aquí ya sería cuestión de plantearlo desde otra perspectiva porque insisto, desde la novena época se ha reconocido la vida desde la concepción, es un criterio que no ha sido declarado en desuso”.
Insistió en que es un tema que tendrá que aclarar en su momento la autoridad competente en relación a ese sentido.
“Porque basta recordar que el ministro presidente ahora también en retiro, Saldívar, cuando le preguntaban que si conocían el número de mujeres que se encontraban presas porque ese era el motivo por el cual emergía esa cuestión, desconocía el dato dijo ‘lo vamos a resolver sobre la marcha’ cuando en ese año eran solo 5 mujeres presas en toda la República por el delito de aborto”.
Dijo que eran principalmente médicos, enfermeras o terceros que propiciaron u obligaron un aborto a una mujer en gestación.
El exhorto a diputados, dijo, es que brinden más oportunidades hacia las mujeres, mayores programas sociales que tiendan a solucionar las problemáticas que puedan vivir en ese momento; apoyo en su etapa de gestación médico, económico, laboral y obviamente que se les brinde toda la información a los jóvenes desde la época de secundaria que tengan esta gama de opciones, pero debidamente informados.
“No solo desde una perspectiva sino también las consecuencias que ello conlleva este tipo de procedimientos clínicos que como en otros países ha ocurrido, por ejemplo, Argentina, que ya han reportado casos lamentables de decesos por mala praxis”.
Detalló que la Corte obliga a las instituciones de salud a brindar toda la información completa.
“Sin embargo eso no se realiza y eso es lo que invitamos a las autoridades, a los diputados que también brinden otras opciones en este caso, también a legislar en materia de adopción, que los procedimientos sean cada vez más eficaces, más inmediatos, más ágiles y que también encontremos una mayor factibilidad en cuestión de la educación sexual”, puntualizó.
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