A propuesta del gobernador de Tamaulipas…
La ciudadanía tamaulipeca, tendrá certeza que los poderes del Estado trabajan en equipo para dar efectiva solución a este problema tan grave.
ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS.- Al aprobar, el Pleno del Congreso, reformas en materia de desaparición forzada de personas, se incorporaron nuevos mecanismos para defender a las víctimas y combatir la impunidad, así como dar paso a nuevos órganos de justicia, además, con modificaciones a la Ley de Protección Civil, se implementará en Tamaulipas, el Código Adam, protocolo de seguridad en favor de los menores de edad.
En su intervención, el diputado Glafiro Salinas Mendiola, en cuanto a las reformas en materia de desaparición forzada de personas, destacó que deberán emprender más acciones, que como esta, permitan a los ciudadanos tener la certeza que los poderes del Estado, trabajan en equipo para brindar el apoyo necesario y dar efectiva solución a los problemas tan graves que aquejan a la sociedad.
“Queremos felicitar al promovente de esta acción legislativa, nuestro gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por mostrar el suficiente interés, mismo que compartimos para que las familias, de una vez por todas, tengan el apoyo necesario de todas las instituciones del Estado”, manifestó.
Se armoniza el Código Penal, las Leyes Orgánicas de la Procuraduría General de Justicia y de la Administración Pública, así como la de Seguridad Pública de Tamaulipas, con lo que señala la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, además con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
El presidente del Congreso, Salinas Mendiola, dijo que del Código Penal para el Estado, se elimina lo relacionado con los delitos de tortura y desaparición forzada de personas, para que se atienda lo dispuesto en las leyes generales en la materia, con lo cual se otorga frecuencia normativa y se brinda certeza jurídica, así como protección a las víctimas y ofendidos que se ven envueltos en este tipo de situaciones, facilitándoles el acceso a la justicia.
“Es decir, al suprimir estos delitos, nuestro Estado se ajustaría de manera plena y directa a lo que señalan las disposiciones legales en las materias, sin que exista de por medio una ley en el ámbito local de las mismas asignaturas, que pudiesen causar confusiones legales que obstaculicen la atención a las víctimas”, agregó.
Con las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, se crea la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, dependiente de la Fiscalía en Combate a la Corrupción; se cambia la denominación de la Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas, por el de Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del procurador y tendrá un fiscal especializado en la materia (agente de Ministerio Público).
Asimismo, la creación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, como un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia, cuyo titular será designado por el Congreso del estado, previa consulta pública a los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad especializadas en la materia.
En lo que refiere a la Ley de Seguridad Pública de la entidad, se atribuye a la Policía Estatal, para que atienda las solicitudes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, así como de las Comisiones Locales de Búsqueda de Personas de otras entidades federativas, además, derivado de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública, se faculta a la Secretaría de Seguridad del estado, para que capacite a los integrantes de las instituciones en esta materia, para alcanzar la efectividad en la búsqueda de personas.
Entre otros, dictámenes, se aprobó adicionar un capítulo denominado “De la Implementación del Código Adam” en la Ley de Protección Civil del Estado, que tiene por objeto establecer el protocolo de seguridad en edificios públicos o privados que son frecuentados por menores, para dar con la ubicación de estos en caso de extravío o hayan sido privados de su libertad.
La diputada Mónica González García, precisó que los padres o familiares de las y los menores que pudieran extraviarse en dichos edificios, tendrán la certeza de que existe un protocolo de búsqueda en el inmueble que se puede llevar a cabo desde el primer momento en que se percate de su falta de localización, teniendo la tranquilidad de que en el área se encuentra gente capacitada para reaccionar al instante.
La Mesa Directiva, presidida por la diputada María de Jesús Gurrola Arellano, citó a sesión para el 10 de octubre, a partir de las 11:00 horas.
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