PILAR DANTÉS / LA RED DE ALTAMIRA
TAMPICO.- Será el martes 24 de octubre cuando tentativamente termine el paro de labores en los Juzgados IX y X de Distrito que iniciaron este miércoles 18 los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en protesta por el recorte a sus percepciones salariales que afectan su seguro de gastos médicos entre otros beneficios, luego de que el Congreso de la Unión resolviera reducir 15,450 millones de pesos para extinguir 13 de los 14 fideicomisos existentes en la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral.
“Lo que nosotros queremos es que se abra el diálogo para que los diputados puedan tener conciencia de la necesidad y lo importante que son los fideicomisos, y del mismo modo también lo que se busca es que se respete la autonomía judicial, nosotros por lo que estamos peleando es precisamente por eso, por no más intromisión de las diferentes esferas de gobierno cómo es el Ejecutivo y el Legislativo en la labor jurisdiccional”.
Así lo manifestó José Eduardo Segura Gómez, oficial judicial, al señalar que la convocatoria que les hicieron es continuar con este bloqueo hasta el 24 de octubre.
“Que haya un paro de labores no quiere decir que nosotros no acudamos a las instalaciones estamos todo el personal cumpliendo con nuestro horario de trabajo, hemos estado todo el día, incluso anoche, nos retiramos a las 12 de la noche, aunque hubo personas que se quedaron un poquito más de tiempo para continuar con este bloqueo y vamos a seguir luchando para defender la autonomía judicial”.
Informó que los fideicomisos no abarcan solamente los temas económicos, sino que esos recursos que sirven también para la implementación de reformas en beneficio de los justiciables y que una de las reformas que se busca implementar es la Reforma Laboral, que tiene la finalidad de beneficiar a todos aquellos trabajadores que quedaron sin sustento por arbitrariedades, despidos injustificados o cuando no se reconozcan derechos laborales.
“Anteriormente las Juntas de Conciliación y Arbitraje ante la falta de recursos y apoyo del Ejecutivo fueron colapsando ante las altas cargas de trabajo, esa es la realidad contraria al discurso de odio en contra de las instituciones públicas”.
Aseguró que no ha sido por la inefectividad o por la pasividad de las autoridades jurisdiccionales, sino por falta de recursos, y ellos como miembro del Poder Judicial de la Federación quieren proteger esos recursos para tener una buena impartición de justicia, pronta y expedita en beneficio de la sociedad.
Desmintió al presidente de la República en el sentido de que los juicios tengan 10 años de antigüedad, ya que estos tienen una temporalidad establecida por la ley y se apegan a ella porque la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido plazos y términos que deben de tomar en cuenta para no dilatar la justicia.
“Y hay procedimientos que tardan más de 10 años sí, efectivamente, pero son aquellos que emanan del Ejecutivo en un momento dado como es la procuración de justicia. Desgraciadamente estas instituciones también carecen de apoyo económico y ha habido también un señalamiento muy grande con respecto a esas instituciones, y lo que estamos señalando nosotros es que se respete la autonomía judicial, que no se entrometa ni el Ejecutivo ni el Legislativo en las funciones jurisdiccionales, porque nosotros lo que hacemos es servir al pueblo”.
