Por Clemente Castro González
Es oportuna la iniciativa de la presidenta CALUDIA SHEINMBAUM PARDO, mediante la que se propone crear una comisión para verificar la integridad de candidaturas a cargos de elección popular, a manera de filtro preventivo, que cierre el paso a quienes tengan vínculos con el crimen organizado.
La comisión dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE) y se integrará por cinco consejeros electorales, elegidos por el consejo general del organismo, mismos que duraran tres años en el cargo.
De hecho, es un tema que iba en el llamado Plan A de reforma electoral pero que no valoraron los partidos opositores e incluso los aliados de Morena (PVEM y PT).
Por ello, en la actual circunstancia, se envió la iniciativa a la cámara de diputados para su análisis y aprobación, con el fin de que entre en vigor a partir del año electoral, que inicia en septiembre.
Implica que los partidos políticos tendrán que entregar al INE la lista de sus aspirantes para que se lleve a cabo la revisión pertinente.
A partir de ahí se hará una consulta con el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para cruzar información de los aspirantes a cargos de elección popular.
Serán los liderazgos de los partidos los que tomen la determinen si le dan para adelante a una candidatura que presente un “riesgo razonable”, aunque las autoridades tienen el derecho de hacer las indagaciones que se requieran.
Vale decir que la depuración de autoridades “amañadas” empezó desde el arranque del presente sexenio, al poner en marcha la estrategia de seguridad y en lo especifico la “operación enjambre” mediante la que, a partir de investigaciones, se van desarticulados entramados en los que funcionarios están coludidas con agrupaciones criminales.
Así sucedió en municipios en los que se detuvo a servidores públicos, sin distinción de colores partidistas.
Lo llevado a cabo incluye el combate al “huachicol”, lo que arroja importantes decomisos de combustible y enjuiciamiento a mandos militares y de la marina, al igual que a empresarios y empleados gubernamentales.
De tiempo atrás se sabe que agrupaciones del crimen organizado, asedian la democracia y, cuando han podido, invirtieren recursos en las elecciones para apoyar a sus cómplices.
En ese sentido, la limpia debe ir a fondo por salud institucional y para dejar en claro que en la Cuarta Transformación (4T) no hay cabida a criminales, lo que era muy común cuando estuvieron en el poder las administraciones priistas y panistas.
Lo que es un exceso es la cantaleta opositora de hablar de un “narco gobierno”, en referencia a la gestión de la presidenta CLAUDIA SEHINBAUM PARDO, ya que precisamente ahora es cuando la política central de la federación se sustenta en un plan de seguridad en el que, a la par que se atienden las causas sociales que orillan a personas, sobre todo jóvenes, a enrolarse en grupos del crimen organizado, se ataca a los generadores de violencia.
Se entiende que los del PRIAN traten de “hacer roncha” con el caso de RUBÉN ROCHA MOYA, gobernador con licencia de Sinaloa, el cual es requerido por autoridades de los Estado Unidos de Norteamérica.
Pretenden vender la idea de que hay complicidad en negativa de la federación de no extraditar al connacional si no se presentan las evidencias que acrediten su probable colusión con un grupo criminal.
A juicio de los del PRIAN, SHEINMBAUM PARDO protege al mandatario con licencia y otros cuando la realidad es que no se pueden permitir intromisiones extranjeras utilizando el tema del crimen organizado, para desestabilizar al legítimo gobierno de la República. Este es el aspecto principal que se cuida y no tanto el defender a maleantes.
Pero es buen momento para limpiar la casa y frenar los aviesos planes de los vecinos del norte que, al fin de cuentas, poco les importa el acabar con los criminales y parar el flujo de drogas hacia su país. Más bien lo que buscan es tener un pretexto para imponer una administración a modo en México que les permita saquear las riquezas con que se cuenta, incluido el petróleo, litio y las llamadas tierras raras, que presentan minerales estratégicos utilizados en la moderna tecnología.
Sobre el tema de frenar las candidaturas “amañadas”, en Tamaulipas se tiene la oportunidad de dar ejemplo en el 2027, dado que se disputarán las 43 alcaldías y 36 lugares en la legislatura.
En ese sentido, las condiciones están dadas para someter a las y los candidatos a filtros con el objetivo de que la población tenga la certeza de que a los cargos públicos llegaran mujeres y hombres de bien, cuya misión es servir a la población y no a grupos de maleantes.
Se tendrá que remarcar la diferencia: no hay de otra. La determinación de contener a los intereses fácticos deberá dar resultados y llegar para quedarse.
AL CIERRE
La atención que da a sus representados la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, es la constante. Así lo demuestra la realización del “Foro Juventudes 2026”, en el que participaron mil 200 estudiantes en donde se abordaron aspectos como el liderazgo, motivación y desarrollo personal, salud mental y otros.
Ello es muestra de congruencia con la construcción del segundo piso 4T, que impulsa la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM PARDO y el gobernador del estado, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.
Los jóvenes son uno de los segmentos fundamentales de la sociedad, cuya contribución al cambio es invaluable.
De ahí que CARMEN LÍLIA, este aplicada en rendir buenas cuentas y ser ejemplo de lo que hace un gobierno humanista al impulsar una política integral en beneficio de los jóvenes, lo que se ve reflejado en becas, clases gratuitas de inglés, apoyo a emprendimiento y ferias del empleo.
Por eso la respuesta positiva al foro en mención, dado que se trata de una administración sensible y cercana a su gente, que pone énfasis en las nuevas generaciones con las que mantiene una comunicación cercana y fructífera, en favor del presente y futuro de Nuevo Laredo.
Bien por la alcaldesa, la cual consolida su liderazgo local, a la par que incrementa el reconocimiento de los tamaulipecos por su destacada gestión.
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