Dice Erasmo que se trata de una disputa completamente nueva derivada de un proceso federal de reconfiguración territorial
La reciente redefinición de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) realizada en 2023 ha desatado una ola de inconformidades en Ciudad Madero, donde propietarios de predios cercanos a la costa y autoridades municipales han elevado una queja formal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), argumentando afectaciones patrimoniales y fiscales.
Carlos Juárez / LA RED DE ALTAMIRA
MADERO. – La reciente redefinición de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) realizada en 2023 ha desatado una ola de inconformidades en Ciudad Madero, donde propietarios de predios cercanos a la costa y autoridades municipales han elevado una queja formal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), argumentando afectaciones patrimoniales y fiscales.
El alcalde Erasmo González Robledo reveló que la nueva delimitación absorbió terrenos que históricamente se consideraban propiedad privada, modificando de facto su estatus jurídico. Este cambio impide al municipio continuar cobrando el impuesto predial en dichos espacios, ya que ahora se consideran parte de la zona federal y, por ende, deben cubrir derechos federales.
Aunque la reconfiguración de la Zofemat no abarca toda la franja costera, sí se han detectado alteraciones significativas en puntos clave de la playa maderense. Las autoridades locales advierten que esta situación podría replicarse en otras regiones del país si no se revisan con rigor los criterios técnicos utilizados por la federación para modificar los límites.
El gobierno municipal enfatizó que este conflicto no guarda relación con los predios que fueron objeto de controversia durante la pasada administración estatal, los cuales ya fueron devueltos a sus legítimos propietarios. En este caso, se trata de una disputa completamente nueva derivada de un proceso federal de reconfiguración territorial.
Los afectados esperan que la Semarnat revise el caso con prontitud y brinde claridad sobre los mecanismos de defensa disponibles para los municipios y ciudadanos que enfrentan cambios abruptos en la tenencia del suelo por decisiones administrativas.
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