PILAR DANTÉS / LA RED DE ALTAMIRA
TAMPICO.- Luego de que este martes 14 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviera la acción de inconstitucionalidad 160/2023, podrían estar en riesgo las reformas a la Ley Interna del Estado de Tamaulipas, pero también cada uno de los acuerdos establecidos por la Junta de Coordinación Política desde que se instaló como tal.
Sobre el tema fueron cuestionados algunos políticos e integrantes de los diversos sectores de la iniciativa privada.
Algunos dijeron desconocer el tema, mientras otros, se declararon incompetentes para declarar al respecto y unos más, señalaron que por ser “tiempos políticos” no les era posible abordar la situación.
Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo en Tampico, Martín Castellanos Castelán mencionó que de ser firme la resolución de la SCJN, lo aprobado por la JUCOPO va a tener que volver a pasar por al Congreso del Estado para someter nuevamente a votación.
De acuerdo con la acción de inconstitucionalidad 160/2023 emitida por el Judicial, en muchos de los acuerdos establecidos desde que la JUCOPO entró en funciones, no se contó con la mayoría de los integrantes de la Legislatura local, como marca la norma, a lo que el petista consideró que, de ser así, los involucrados “Van a tener que hacer un acuerdo político con los afectados”.
Al ser cuestionado sobre la invalidación de la JUCOPO, dijo que al momento de votar “Si no hay mayoría entonces si habría problemas” sin embargo mencionó que de haber voluntad política entre los miembros del Congreso “se designa que se vuelva a votar” y que “lo más seguro es que si, -haya- acuerdos políticos” para prevenir mayor conflicto en el presente.
Al preguntarle si considera que existe fraude legislativo, reiteró que la solución es “volver a votar”.
Cabe mencionar que se trata de una de las 9 acciones de inconstitucionalidad interpuestas por los diputados de Acción Nacional contra las reformas a la Ley Interna del Estado de Tamaulipas.
Además de que la invalidez fue declarada por 8 de 11 ministros de la Corte, debido a que no obtuvo los 24 votos exigidos por la ley del Congreso lo que podría calificar como fraude legislativo e invalida por lo pronto las reformas al artículo 130 del Congreso que regula las comparecencias de funcionarios.
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