Armando Castillo Gutiérrez / LA RED DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS.- El Gobierno de Tamaulipas determinó rescindir el contrato de Asociación Pública Privada (APP) por más de 4 mil millones de pesos con la desarrolladora Tres10, debido a las irregularidades, deficiencias e incumplimientos de dicha empresa en la construcción del C-5 de Reynosa y la prestación para el Servicio de Red de Seguridad Pública en el Estado.
La investigación hace presumir sospechas sobre el software de la red de cámaras de vigilancia de Seguridad Pública con indicios de que la delincuencia organizada pudiera estar conectada a la red.
Durante la administración estatal de Francisco García Cabeza de Vaca el entonces secretario General de Gobierno, César Augusto Verastegui Ostos hizo la asignación directa a la empresa de un contrato por el monto de cuatro mil cincuenta y ocho millones, cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos, a liquidarse en seis años, comprometiendo recursos federales, además de constituir un fideicomiso irrevocable para garantizar el pago a Tres10, contratando como fiduciaria a Banca MIFEL.
Tras las reformas en el Congreso del Estado que permitieron reincorporar el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C-5) de la Fiscalía General de Justicia al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, se inició un proceso exhaustivo de revisión de la operación y funcionamiento del contrato otorgado a la empresa Tres10, lo que permitió descubrir múltiples incumplimientos por parte del desarrollador, destacando un sobreprecio significativo en la inversión realizada, pues según el avalúo preliminar el monto invertido no supera los mil 500 millones de pesos, lo que hace presumir corrupción, colusión y complicidades en el proceso de contratación y ejecución de este proyecto.
Debido a las irregularidades y controversias, el mes de mayo de este año se inició el proceso de rescisión de contrato notificando a la empresa desarrolladora información sobre los incumplimientos, trabajos inconclusos, deficiencias en el servicio y la omisión de la fianza que garantizaba el mantenimiento del proyecto.
El proceso de revisión y rescisión del contrato derivó en la suspensión de pagos a la empresa, los cuales ascienden a más de 60 millones de pesos mensuales.
Sustraen 550 MDP de fideicomiso tras cancelación del contrato
No obstante, la suspensión de pagos generada por el Estado, entre el 21 de abril y el 3 de mayo, Tres10 solicitó a Banca MIFEL pagos por 493 millones 358 mil 209 pesos y 64 millones 804 mil 198 pesos, respectivamente, sin notificar al Estado como lo obliga el contrato signado.
Esto significa que más de 550 millones de pesos fueron sustraídos del fideicomiso sin la autorización del Estado, lo que denota una acción dolosa y fraudulenta por parte de la empresa y de la propia institución bancaria, por lo que el Estado solicitó a la fiduciaria la devolución del pago en exceso y exhibió que Banca MIFEL no contaba con la documentación soporte para realizar el pago efectuado a Tres10.
About the Author
