ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA
INTERNACIONAL.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conminó a los Ombudsperson nacionales en Latinoamérica a sumar esfuerzos para enfrentar de manera integral la separación de familias y sus consecuencias en Estados Unidos, así como demandar mayor contundencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hacia el gobierno norteamericano por su política migratoria.
A través de un comunicado se informó que mediante la acción colectiva podrán impulsarse amicus curiae, pronunciamientos, encuentros temáticos y una carta de entendimiento para formalizar dicha colaboración a favor de la reunificación de las familias, prevenir violaciones a los derechos fundamentales de las personas en contexto de migración y, sobre todo, el respeto a su dignidad.
De esta manera, el Ombudsperson nacional mexicano, Luis Raúl González Pérez, se reunió con el cónsul mexicano Eduardo Guadalupe Bernal Martínez; con los cónsules Socorro Jorge Cholula, Cónsul Adscrita; Cristy Andrino, de Guatemala; Ana Bulnes, de Honduras, y Martha Trejo de El Salvador, a quienes propondrá la posibilidad de fortalecer la atención a las personas que enfrentan detención por las autoridades migratorias estadunidenses y causan la separación familiar.
González Pérez también pidió al gobierno estadunidense para dar a conocer la lista de las familias separadas, saber dónde están ubicadas para comunicarse entre sí y reunirse en cuanto les sea posible.
Durante la reunión se difundió la existencia del micrositio “El Plan es Tener un Plan”, que la CNDH tiene en su página web.
Acompañado por el cónsul Bernal Martínez, el Ombudsperson mexicano realizó una visita al Centro de Procesamiento Úrsula, donde recorrió sus instalaciones, conoció el trato que reciben las personas migrantes detenidas mientras enfrentan el proceso migratorio, así como el trabajo humanitario que realizan especialmente en rescate e identificación de personas mediante procesos tecnológicos de punta.
González Pérez observó que las personas que allí se encuentran son originarias mayormente de países centroamericanos. En tanto, las personas originarias de Centroamérica que acreditan “un patrocinador” salen de dicho centro en un plazo de 72 horas, que en ocasiones se prolonga por distintas circunstancias, y los adultos deben portar un localizador, reunirse con su “patrocinador” y presentarse de inmediato ante el juez que desahogará su caso y el de sus familias.
