El Congreso no tiene facultad para solicitar o exigir dicha información a la Auditoría Superior del Estado (ASE)
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de Tamaulipas, Raúl Hernández Chavarría, es el conducto del Congreso de Tamaulipas para reactivar lo que parece una nueva estrategia para intentar remover o desestabilizar ahora al titular de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio.
ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS. – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de Tamaulipas, Raúl Hernández Chavarría, es el conducto del Congreso de Tamaulipas para reactivar lo que parece una nueva estrategia para intentar remover o desestabilizar ahora al titular de la Auditoría Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio.
Una vez que, en el terreno de lo legal, en el Congreso quedaron imposibilitados para destituir al fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda, ahora buscan un nuevo frente con otro funcionario que fue designado desde el anterior gobierno como es el caso de Espino Ascanio.
Un documento al que se tuvo acceso en el Congreso de Tamaulipas, Hernández Chavarría, solicita al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado del Congreso de Tamaulipas, Jesús Suárez Mata, que gire instrucciones a la Contraloría Interna de la Auditoría Superior del Estado para que entregue copia de todas las declaraciones patrimoniales presentadas por el personal del órgano fiscalizador en el periodo 2016-2023.
El funcionario de la UIF instruye al diputado Suárez Mata para que fije un término de 5 días hábiles para que la ASE entreguen esa información.
En la lista que envía Hernández Chavarría para obtener las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la ASE, la encabeza el Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, le siguen auditores especiales, directores, subdirectores, coordinadores y jefes de departamento.
En total piden 46 declaraciones patrimoniales de igual número de servidores públicos.
“Lo anterior por ser necesaria dicha información para el debido ejercicio de las atribuciones que le competen a la unidad (UIFE) a mi cargo”, remata diciendo Hernández Chavarría en su oficio SF/UIFE/0432/2023 al que no se adjunta ningún mandato judicial, solo la lista en mención de los cargos de quienes solicita la declaración patrimonial.
“Esta solicitud es ilegal, la UIF es sólo una autoridad administrativa, en ningún lado se otorga facultad a su titular a solicitar la información requerida porque dicha declaración contiene información protegida por el secreto fiscal y sólo podrá ser revelada por una orden judicial”, dijo un experto financiero consultado sobre la información requerida a los funcionarios de la ASE.
El Congreso tampoco tiene facultad para solicitar o exigir dicha información, reiteró.
Al respecto el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, establece que el derecho a la información también tiene sus límites y están señalados de manera expresa o específica en la misma ley, incluso ha quedado asentado en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el derecho a la información y la protección del interés público.
El artículo 18 de la citada ley se estableció que es información confidencial “la entregada por los particulares a los sujetos obligados en términos de lo dispuesto en el diverso artículo 19 de ese ordenamiento, así como los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización”.
La declaración patrimonial que solicita Hernández Chavarría y el Congreso del Estado a la Auditoría Superior del Estado, evidentemente es una solicitud que está al margen de la legalidad, no tienen atribuciones para requerir dicha información.
La declaración patrimonial de los servidores públicos, se trata de una información reservada o confidencial.
Una fuente consultada en la Auditoria Superior del Estado confirmó que han acordado en el órgano fiscalizador no entregar sus declaraciones patrimoniales.
