Lo tergiversan extraños criterios de los empleados del Registro Público Vehicular (Repuve)
“Un Decreto no debe ser interpretativo, esto a fin de que cumpla los beneficios que se pretenden para el ciudadano y evite retrasos en la legalidad”, declaró Juan Enrique Mondragón Martínez, coordinador del Programa Identifícate, acerca de los tropiezos que se enfrentan en el Programa de Regularización de autos usados de Procedencia Extranjera.
Javier Claudio / LA RED DE ALTAMIRA
NUEVO LAREDO. – “Un Decreto no debe ser interpretativo, esto a fin de que cumpla los beneficios que se pretenden para el ciudadano y evite retrasos en la legalidad”, declaró Juan Enrique Mondragón Martínez, coordinador del Programa Identifícate, acerca de los tropiezos que se enfrentan en el Programa de Regularización de autos usados de Procedencia Extranjera.
Indicó que en la labor de asesoría y gestión de propietarios de vehículos “chocolate” que buscan legalizar sus unidades, diariamente se tienen inconformidades por la súbita aplicación de criterios en cuanto al listado de autos que determina el Decreto.
“Un programa de total beneficio como es el del presidente Andrés Manuel López Obrador, el que aparece dentro del marco legal a través de un Decreto, hoy lo vemos tergiversado por extraños criterios de los empleados del Registro Público Vehicular (Repuve)”, protestó.
Indicó que esta irregular situación ha propiciado el desistimiento de un sinnúmero de personas que buscaban el beneficio de la legalización de su vehículo usado de procedencia extranjera de acuerdo a un Decreto.
Las modificaciones recientes a la ampliación del Decreto que aplica desde inicio de año, daban inclusión a todos los títulos cuyo número de serie comenzaba con letra y que aparecían vetados.
“Hoy, resulta que no. Se contradice al contenido del Decreto inicial y de igual manea a los ajustes recientemente aplicados por el Gobierno Federal. Debe respetarse en pleno acato lo que ahí se indica”, afirmó Mondragón Martínez.
Reprochó que esas tácticas “interpretativas” en el Repuve, estén dejando fuera el cumplimiento de un ordenamiento presidencial, lo que sólo trae perjuicio la ciudadano y retraso en las pretensiones de legalización vehicula, además de tropezar las pretensiones de aportar a la seguridad.
