?????????????????????????????????????????????????????????
Mario Vargasuárez
La Judas en Tam.
Como cada Semana Santa la iglesia nos recuerda el papel de Judas Iscariote -apóstol
de Jesús- cuando lo traicionó por 30 mendas de plata, cuando lo entregó a las autoridades
para que fuera juzgado y sentenciado a muerte.
Históricamente podemos decir que llamamos ‘judas’ a quienes traicionan la confianza
del semejante, como ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad que, a cambio de
ciertos privilegios (monedas) venden hasta a su propia familia laboral, deportiva y no sería
extraño a la consanguínea, con tal de verse favorecidas en algo.
En Tamaulipas como en el resto del país, también tenemos nuestros propios ‘judas’ y
en el periodismo de la entidad ya surgió la figura de una comunicadora quien dice tener 25
años en la locución de radio que ahora, fuera del micrófono mediático y desde el audio del
Congreso Local, pretende su decreto Mordaza.
Para muchos compañeros de la tinta y el micrófono la pretensión de la diputadita es
de congraciarse con el ‘poder político’ actual, lanzando una iniciativa para amordazar a los
compañeros del gremio con un simulado Colegio de Periodistas que en su fundamento se
lee las limitaciones y hasta sanciones públicas, lo que ha originado a una protesta
generalizada del periodismo en la entidad.
La Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas, ya hizo pública su preocupación y
rechazó a la iniciativa presentada por la diputada por Altamira Cynthia Lizabeth Jaime
Castillo, quien pretende reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas en el estado.
El ‘Colegio de Periodistas’, según su planteamiento, tendría facultades para emitir
recomendaciones éticas y extrañamientos públicos, lo que conformaría mecanismos de
pautas gubernamentales que vulnera la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Leydi Judas, fue coordinadora de Comunicación Social en el primer mandato del
alcalde morenista por Altamira, Armando Martínez Manríquez y en su iniciativa como
legisladora local se mencionan desde llamadas de atención, solicitudes de
rectificación, disculpas públicas y hasta extrañamientos formales, los que serían difundidos
públicamente.
‘La legisladora’ dice que las ‘recomendaciones éticas’ tendrían un carácter orientador
y sugerente en una rectificación o aclaración pública, además de una recomendada
capacitación profesional y medidas de mejora en prácticas editoriales y, desde luego, una
disculpa pública cuando proceda.
Queda claro que la propuesta de la ‘ilustre’ y judas diputada Jaime Castillo es
benevolente cuando aclara que las medidas no constituyen sanciones legales ni censura,
aunque existiría un extrañamiento público.
Es claro que la libertad de expresión en Tamaulipas vuelve a estar en peligro cuando
se pretende sujetar a un órgano que, bajo criterios muy ambiguos, determinen qué es o no
‘ético’, aun cuando existe riesgos de que los mecanismos sean utilizados para castigar
voces críticas.
Quienes conocen bien del tema, aseguran su extrañeza cuando la iniciativa de la
diputada Cynthia Lizabeth Jaime, jamás convocó a una consulta con ninguna asociación,
grupo o club de comunicadores en el estado, ni abierta y plural, ni encubierta o disimulada
al gremio periodístico, ignorando completamente a quienes serían los directamente
afectados.
El gremio periodístico de Tamaulipas advierte que utilizar este tipo de judas puede
profundizar la violencia existente contra hombres o mujeres de la profesión, quienes
enfrentamos de manera diferenciada campañas de desprestigio, acoso y deslegitimación.
Finalmente vale decir que pudieran ser inútiles los ríos de tinta que se escriban,
desgastantes las voces que reprueban la iniciativa que presentó la judas de la comunicación,
porque recordemos que los actuales legisladores locales esperan ser ratificados para
ascender o permanecer en la nómina presupuestal de alguno de los tres niveles.
Estamos convencidos que el periodismo no se regula desde el poder. Insistimos en la
autonomía ética porque nos lleva a una responsabilidad social, sin mecanismos de control
institucional.
