Por Mario Vargas Suárez
El huracán vacacional, provocado desde la Presidencia de la República por el tabasqueño, a simple vista, aparece como error político pues denota ‘desconocimiento’ del marco jurídico mexicano, lo que originó que lo tildaran de preponte o ignorante.
Sin embargo el presidente López Obrador sabía bien lo que provocaría y como en los tiempos de infancia al estar con los amigos y mostrabas la señal de la cruz con los dedos y retabas a quien se atreviera: ¡Pégale a esta cruz!
¿Quién se atrevía? Nadie.
Eso exactamente ocurrió con el memorándum presidencial sobre la reforma educativa de Peña Nieto, firmado por Don Andrés, de apellido López.
El martes pasado, el presidente avisó -en su conferencia de prensa matutina- de la firma de un memorándum dirigido a los titulares de Educación Pública, Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, para distintos temas relacionados con la reforma educativa, aprobada durante la administración de Enrique Peña Nieto. Esto ocasionó comentarios de todos colores y sabores en distintos contextos.
Por la mañana del miércoles, en el mismo escenario del Palacio Nacional, expresó: “Quise que se conociera con mucha claridad nuestra postura política porque se dañó mucho al magisterio (…) yo hice un compromiso de que se iba a cancelar la reforma educativa y eso es lo que estoy haciendo cumpliendo ese compromiso… no es ningún problema, es parte de nuestras facultades y vamos a seguir convocando al diálogo”.
Desde esta perspectiva ¿quién demanda, quién se opone a la abrogación al error de Peña contra los maestros de país?
El retador presidente, igual que actuó contra el periodista México-americano, Jorge Ramos, planteó que si algunos consideran que hay una ilegalidad que denuncien o se amparen ante las instancias correspondientes, luego entonces ¿Quién dice yo?
Y agregó ante los periodistas “Están en su derecho, es un país de leyes, ahora sí hay un auténtico Estado de Derecho, se puede acudir a cualquier instancia y si se comete una infracción o delito hay que presentar denuncias”.
El presidente mexicano dejó en claro que el “…memorándum no es una iniciativa de ley ni de un decreto, es un documento con propósitos internos. El problema es que para ejecutar cualquiera de las acciones, debe haber un sustento legal y el memo, no es.
Los periodistas preguntaron de la actitud del gobierno federal a las inasistencias de los maestros paristas y los descuentos a su salario. El presiente dijo que si hay que optar entre la ley y la justicia, se debe decidir en favor de la justicia, pues está por encima de todo.
En un intento de aclaración en un habilidoso juego de palabras dijo “…la ley es para los hombres y las mujeres, y no los hombres y las mujeres para la ley, la justicia está por encima de todo. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia”. Si no quedó claro el discurso, finalmente expresó que no habrá represalias contra los docentes. Se infiere, no descuentos.
31 días naturales de diciembre, 31 de enero, 28 de febrero, 31 de marzo y 17 de abril, suman 138 días desde que Andrés López tomó posesión como presidente y es fecha, desde el punto de vista legal, que la reforma educativa del de Atlacomulco, sigue vigente.
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Morena, no han logrado un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Aclaro con gusto, no con los distintos sectores del gremio magisterial, como se pretende hacer creer, porque los que se han manifestado son los de siempre.
Maestros por México de Elba Esther Gordillo y el mismo sindicato oficial, siguen a la vera. Salvo la expresión ‘reformita’ de la chiapaneca que exacerbó al presidente López.
Visto con ojos distintos, el memorándum no fue error, más bien fue, sin duda una estrategia del presidente a la que nadie podría oponerse, por lo menos públicamente. Pero el lector estará de acuerdo que el memo fue una aspirina, un paliativo, por cierto, muy leve para la fractura nacional.