En el tema de la acusación de la fiscalía de Nueva York contra el Gobernador de Sinaloa, un Senador de ese estado, el Presidente Municipal de Culiacán y otras siete personas que trabajan para esa entidad, la Presidenta de la República dejó muy clara la posición de su gobierno de no proteger a nadie que tenga que responder por alguna conducta ilícita, y afirmó también que no permitirá injerencias en México que vulneren la soberanía de la nación.
En consecuencia la Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación para resolver la solicitud de detención provisional con fines de extradición hecha por el gobierno de los Estados Unidos, y paralelamente el Gobernador de Sinaloa y el Presidente Municipal de Culiacán solicitaron licencia al ejercicio de sus cargos para facilitar esas investigaciones.
Sin embargo todo parece indicar que para el gobierno del país vecino el tratamiento de estos asuntos apenas está empezando. El pasado 4 de mayo de 2026 el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puso en marcha una Estrategia Nacional para el Control de las Drogas.
La coordinadora de esas acciones, Sarah Carter, anticipa en la presentación de ese documento “Llevaremos la lucha… con una ofensiva implacable. Esta estrategia constituye nuestro plan de batalla para perseguir a los cárteles en sus refugios, desmantelar sus laboratorios, confiscar sus activos y cortar sus líneas de suministro. Utilizando todos los instrumentos del poder estadounidense, doblegaremos a las organizaciones criminales transnacionales, especialmente a aquellas designadas como organizaciones terroristas extranjeras, que lucran asesinando a nuestros ciudadanos.”
Al respecto es oportuno recordar que el 20 de febrero de 2025 fueron designados por el Gobierno de los Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación CJNG, el Cartel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana y el Cartel del Golfo, de tal manera que llevar a la práctica la ofensiva a la que se refiere la Directora Sarah Carter pone en riesgo de acciones injerencistas directas a los estados de Sinaloa, Michoacán, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas que son los lugares en donde se tiene conocimiento que operan estas organizaciones criminales.
Mientras tanto, en esa misma linea de pensamiento y acción, la gobernadora de Chihuahua Maru Campos responde a las acusaciones de traición diciendo “me persiguen por destruir un narcolaboratorio para impedir que las drogas lleguen a sus hijos”, pasando por alto en su respuesta el hecho de qué procuró y permitió la participación de agentes extranjeros en el territorio de su estado violando la Constitución y las leyes de México.
En ambos casos, la Directora Sarah Carter y la gobernadora Maru Campos, no tomaron en cuenta que desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, se puso en marcha la Estrategia Nacional para la Construcción de la Paz y la Seguridad y que al mes de abril de 2026 los resultados acumulados rebasan por mucho las pretensiones de la Directora Carter y de la Gobernadora Campos porque las acciones conjuntas de las autoridades mexicanas, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, han dado resultados tangibles y mensurables.
De octubre de 2024 a abril de 2026 las autoridades de nuestro país han desmantelado 1,887 laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas, han incautado más de 327 toneladas de diversas drogas entre las que destacan 1.5 toneladas de fentanilo y millones de pastillas de ese narcótico, han decomisado 25,700 armas de fuego, todo lo cual representa una afectación económica de cientos de millones de pesos a las organizaciones criminales, y sobre todo, se ha logrado la captura de 49,500 personas por delitos de alto impacto y faltas graves.
No obstante ese esfuerzo del gobierno de México, la Estrategia para el Control de Drogas de Estados Unidos explica que la designación de los Cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras no es meramente simbólica sino que es un detonante estratégico que replantea el enfoque del Gobierno de Estados Unidos pasando de un problema tradicional de aplicación de la ley a una amenaza a la seguridad nacional, lo que les proporciona nuevas y mayores facultades para atacar la totalidad de estas redes de narcotrafico, y sus sistemas de apoyo financiero y logístico, utilizando todas las capacidades del Gobierno de Estados Unidos incluidas las herramientas diplomáticas, informativas, militares y económicas, lo que significa que la injerencia extranjera y la presión sobre el gobierno de México seguirá en todos esos frentes de manera inmediata y permanente. Dicho de otra manera, habrá más amenazas y agresiones en nombre de la seguridad nacional de nuestros vecinos y a costa de la nuestra.
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