DE NO APEGARSE ESTRICTAMENTE A LA CONSTITUCIÓN Y A LOS 32 ACUERDOS INTERNACIONALES VIGENTES
Durante una conferencia sobre el “nuevo rostro que ofrece la reforma judicial” en México, celebrada este viernes, Ortiz Ahlf destacó que la reforma busca erradicar la influencia de intereses económicos y políticos en el sistema judicial. Acompañada de alcaldes de la zona sur, empresarios, abogados y la representante de la ministra en Tamaulipas, Natalia Montelongo Doria, la ministra aseguró que “el país está por vivir cambios sustanciosos para bien en materia de impartición de justicia”.
PILAR DANTÉS / LA RED DE ALTAMIRA
TAMPICO.- La ministra Loreta Ortiz Ahlf, presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó que, a partir de 2025, los ministros de la Suprema Corte deberán apegarse estrictamente a la Constitución y a los 32 acuerdos internacionales vigentes, ya que de lo contrario, podrían enfrentar penas de prisión si el nuevo Tribunal de Justicia comprueba alguna anomalía en las sentencias emitidas.
Durante una conferencia sobre el “nuevo rostro que ofrece la reforma judicial” en México, celebrada este viernes, Ortiz Ahlf destacó que la reforma busca erradicar la influencia de intereses económicos y políticos en el sistema judicial. Acompañada de alcaldes de la zona sur, empresarios, abogados y la representante de la ministra en Tamaulipas, Natalia Montelongo Doria, la ministra aseguró que “el país está por vivir cambios sustanciosos para bien en materia de impartición de justicia”.
Explicó que el nuevo modelo judicial eliminará el impacto de dinero y poder político sobre los casos, ya que estos factores fueron responsables de que la justicia no funcionara adecuadamente en el pasado.
La ministra agregó que el sistema judicial contará con un “Tribunal de Disciplina” encargado de vigilar que ministros, jueces y magistrados se ajusten a lo que establece la Carta Magna y los tratados internacionales.
Este tribunal tendrá la facultad de inhabilitar, sancionar e incluso encarcelar a aquellos que no actúen conforme a la ley.
Ortiz Ahlf también subrayó que la reforma garantizará la certeza jurídica al establecer un límite de seis meses para la resolución de todos los casos.
Además, desmintió los rumores que afirmaban que la reforma judicial pondría en peligro la inversión privada, asegurando que la reforma en realidad busca fortalecer el estado de derecho y fomentar el crecimiento económico.
“La reforma garantiza la inversión y el crecimiento, el estado de derecho está garantizado, de lo contrario, el Tribunal de Disciplina nos regirá a todos por igual”, afirmó.
Sobre el tema salarial, la ministra señaló que solo los ministros tendrán un ajuste salarial del 50%, mientras que jueces y magistrados mantendrán sus percepciones y derechos laborales sin cambios.
Además, resaltó que el objetivo principal de la reforma es hacer la justicia más rápida, eficiente y accesible, para que los juicios no solo se inicien con claridad, sino que también se resuelvan con certeza.
Asimismo, la ministra enfatizó que los aspirantes a ocupar cargos en el poder judicial deberán tener una formación sólida y la capacidad de resolver conforme a la Constitución y los acuerdos internacionales, especialmente en temas de comercio, inversión y derechos humanos.
Por último, anunció que se llevará a cabo una homologación en las entidades respecto a los Comités de Administración y el Tribunal de Disciplina, aspectos que deberán ser resueltos por el Congreso del Estado.
Esta reforma, según la ministra Ortiz Ahlf, representa un paso crucial hacia una justicia más oportuna, transparente y alineada con los principios fundamentales del país.
