Por Juan Antonio Centeno Quevedo
De acuerdo con el estudio Tres años sin Gobernabilidad, resultados ni rumbo fijo en seguridad (ONC, 2021), “Las decisiones políticas debieron traducirse en políticas públicas y en su materialización… el actual gobierno ha emprendido diversas acciones y los cambios en algunos casos no han resultado tan afortunados”. Esto se refleja en la profundización de la inseguridad e impunidad.
En México, la incidencia delictiva muestra que el 2021 ha sido el año más violento contra las mujeres desde que se tiene registro, la tendencia de la extorsión permaneció al alza, hubo un repunte en los delitos patrimoniales y cada 2 minutos se abrió una carpeta por violencia familiar (ONC, 2022).
En contraste, de acuerdo con el Reporte Anual 2021 del Observatorio Ciudadano Tamaulipas (OBCITA, 2022), el estado de Tamaulipas que aparecía constantemente en los primeros lugares en el ranking de incidencia delictiva, en 2021 se situó en el lugar 25 de 32, siendo una de las entidades con menor número de carpetas de investigación del país.
Ciudad Victoria, comparando 2016 Vs 2021, ha registrado reducciones de 50% en homicidio doloso, 33% en secuestro, 35% de robo con violencia, 16% de robo de vehículos, 55% en robo a negocio y 58% de robo de ganado.
Cifras como las anteriores no son resultado de una estrategia improvisada, las instituciones de seguridad y justicia, de la mano de la sociedad civil organizada realizaron un corte de caja y un análisis real de las capacidades del estado para hacer frente a la delincuencia. En este contexto, surgimos varios grupos de ciudadanos que decidimos pasar de la crítica y exigencia, a la participación y colaboración. Así fue como juntos construimos el Modelo de seguridad con corresponsabilidad de Tamaulipas.
Este proceso que inició en 2017 no ha sido ni corto ni sencillo. La ciudadanía no confiábamos en las autoridades, y el sentimiento era recíproco, por lo que se requirió madurez y voluntad para trazar un objetivo común. El Modelo de seguridad implementado permitió fortalecer el presupuesto de las instituciones; consolidar la Universidad Estatal de Seguridad y Justicia; invertir en la capacidad para realizar controles de confianza; dignificar los salarios y equipar a los integrantes de las instituciones de seguridad y justicia; fortalecer la tecnología con sistemas de video vigilancia; crear las Policías de carretera y de proximidad; y construir estaciones seguras para la red carretera del estado.
Por nuestra parte, las y los ciudadanos contribuimos a fortalecer la aportación de recursos para la seguridad; y creamos y consolidamos las Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia y los Observatorios locales pertenecientes a la Red Nacional de Observatorios, como un contrapeso participativo de la sociedad civil.
Los resultados no son improvisados, son consecuencia de años de trabajo institucional y social. El cambio que se necesitaba requería la participación de todas y todos. No hay recursos que alcancen para construir instituciones capaces, el punto medular es el trabajo en equipo de manera transversal, apartidista y colaborativo.
Lo anterior no significa que ya no hay retos de seguridad en el estado, que no hay situaciones de riesgo o comisión de delitos; significa que ante ello la autoridad tendrá una respuesta enérgica y contundente para recuperar la paz. Mientras que la sociedad civil hacemos un acompañamiento ciudadano al Modelo, y el compromiso de continuidad y de trabajar para hacer de la prevención la principal estrategia de seguridad.
En Tamaulipas se ha entendido que la seguridad no es moneda de cambio, que la política no debe afectar este bien común, que no importa el nivel de gobierno o el nombre del titular, la prioridad es trabajar por la paz. El camino es largo y aun no se llega al destino deseado, los ciudadanos estaremos pendientes de que así sea. Se está avanzando y algo se ha hecho bien, es un logro colectivo. Quizá nuestro modelo y experiencia puede ser útil en otras entidades, ser un ejemplo que se puede mejorar.
