Por Martín Díaz / La Nube
El alcalde Erasmo González Robledo optó por la salida más fácil frente a un conflicto viejo y conocido: en lugar de sentarse a negociar con los vendedores ambulantes y buscarles un espacio digno para trabajar, ordenó un desalojo violento ejecutado por la Guardia Estatal. Prefirió la postal del “orden recuperado” a costa de la dignidad de su gente. Lo que debía resolverse con un padrón claro, reglas, alternativas, horarios, reubicación y acuerdos terminó en golpes, detenidos y una imagen que la ciudad no olvida: una mujer embarazada agredida.
El conflicto entre el Municipio y los vendedores ambulantes en Ciudad Madero —perfectamente atendible con voluntad política— derivó en un operativo que luce como acto de autoridad y huele a incapacidad. No eran criminales; eran trabajadores que desde hace años piden lo mismo: un espacio claro y digno para ganarse la vida.
A los ambulantes se les trató como si fueran un problema de seguridad. Y la agresión a una mujer embarazada parte en dos cualquier discurso de “igualdad” o “prosperidad para todos”. Ahí terminan los eslóganes y empieza la responsabilidad.
Un operativo así no se improvisa: se ordena, se planea, se firma. ¿Quién dio la instrucción final? ¿Con qué protocolo se actuó? ¿Dónde está la lista de detenidos, su estado de salud y su situación jurídica? Si el uso de la fuerza sustituyó a la negociación, el alcalde debe explicar por qué. Y si hubo excesos —todo indica que sí—, debe haber sanciones.
No faltarán quienes apelen al reglamento. De acuerdo: la ciudad necesita orden. Pero el reglamento sin alternativas es garrote con membrete. Orden es un padrón abierto, reglas conocidas, zonas y horarios compatibles con la movilidad y el comercio formal; permisos temporales sujetos a verificación; reubicación real con criterios públicos; supervisión ciudadana para evitar moches. Todo eso estaba al alcance y no se hizo, o se fingió hacer. El resultado habla solo: violencia donde debió haber acuerdos.
El costo político ya se paga en la calle. La “mano dura” da para la foto de hoy y para el reclamo de mañana: indigna a los vecinos, fractura al gobierno y consolida la percepción de un alcalde incapaz de resolver sin violencia. Y cuando el ayuntamiento trata como amenaza a quien pide trabajar, el problema no es la gente: es de quien está al frente del ayuntamiento.
El desalojo y la agresión no solo desnudaron al gobierno: lo exhibieron en su peor versión. La respuesta violenta de quien hoy gobierna la ciudad confirma la ineficiencia de un político que ya se creía con el derecho y el tamaño para ser el próximo gobernador de Tamaulipas.
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