Luis Figueroa / LA RED DE ALTAMIRA
CIUDAD DE MÉXICO.- Más de 300 organismos defensores de Derechos Humanos y Colectivos ciudadanos exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que remueva al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, por una serie de desacatos, entre ellos el no realizar una investigación seria y exhaustiva en contra del general Salvador Cienfuegos Zepeda.
El pronunciamiento público es suscrito por Organizaciones de la Sociedad Civil, Colectivos Contra la Impunidemia, Colectivos Fiscalía que Sirva, Colectivos de familiares de personas desaparecidas y por más de 100 personas.
Además de exigirle al presidente la remoción del fiscal Gertz Manero, se pide al Senado de la República que sea citado al pleno para que rinda cuentas sobre su actuación en este y otros casos, así como sobre su incumplimiento reiterado a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y se inicien investigaciones contra Gertz Manero y su equipo por haber actuado fuera del marco de la Ley Orgánica.
“La actuación de la Fiscalía General de la República frente a las acusaciones documentadas en Estados Unidos en el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, deja en claro que en México los militares son intocables. Se pone de manifiesto, además, que el fiscal no está defendiendo su autonomía, faltando a su mandato constitucional, en tanto que ha sido el presidente de la república quien ha sentado las pautas de actuación que rigen a la Fiscalía”, señala el documento.
Agrega que una muestra de ello es que la negociación con las autoridades estadounidenses para que el General Cienfuegos fuera trasladado a territorio mexicano fue conducida por el canciller mexicano, quien tuvo un papel primordial. Es decir, las comunicaciones no se dieron entre fiscales, como debiera ser ante cualquier acuerdo de colaboración en materia penal. También fue el propio canciller, quien en conferencia matutina con el presidente, explicó el proceder del Gobierno Mexicano, tanto en lo relativo al traslado de Cienfuegos, como en lo referente al no ejercicio de la acción penal y, atendiendo a las instrucciones del presidente, hizo público el expediente entregado por las autoridades de Estados Unidos y no la propia Fiscalía, que es la auténtica garante de esa información. ¿Dónde está el fiscal?
La ausencia de acciones del fiscal para defender su autonomía es una violación directa al artículo 102, apartado A de la Constitución, que establece que la institución federal encargada de la procuración de justicia será un órgano público autónomo, lo que significa que no debe estar sujeto a ningún poder político, sea formal o fáctico. Este mandato ha sido incumplido por el fiscal, que ha puesto a la institución que encabeza al servicio de los intereses del gobierno.
Independientemente de la información que haya recibido por parte de las autoridades estadounidenses, el fiscal tenía la obligación de llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del General Cienfuegos, buscando incluso testimonios de posibles víctimas de graves violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, que se hubieran cometido por el Ejército cuando el general era titular de la Defensa Nacional. Investigar este tipo de hechos es una obligación, de acuerdo con los estándares internacionales. A pesar de ello, no contamos con información de que se haya hecho.
El cierre de las investigaciones del caso del general Cienfuegos es también el cierre absoluto a la posibilidad de que en México se investigue de manera efectiva y eficiente a las altas esferas del poder, cuando cometen delitos o violaciones a derechos humanos. Se cierran las posibilidades de nuestro derecho a la verdad como sociedad y del derecho de acceso a la justicia para las víctimas. En tal sentido, resulta claro que México necesita un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, que garantice investigaciones imparciales y autónomas.