Desde finales de abril ya no se le permite ingresar libremente a la institución, pese a tener a sus dos hijas estudiando en el plantel
Una madre de familia denunció públicamente que la dirección de la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia Obrera de Ciudad Madero, le restringió el acceso al plantel luego de realizar señalamientos relacionados con el presunto mal manejo de recursos y programas federales.
Carlos Juárez / LA RED DE ALTAMIRA
MADERO. – Una madre de familia denunció públicamente que la dirección de la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia Obrera de Ciudad Madero, le restringió el acceso al plantel luego de realizar señalamientos relacionados con el presunto mal manejo de recursos y programas federales.
La afectada, Adriela Naomi Meza Flores, aseguró que desde finales de abril ya no se le permite ingresar libremente a la institución, pese a tener a sus dos hijas estudiando en el plantel.
Explicó que previamente viajó a la Ciudad de México para entregar documentación directamente al secretario de Educación Pública, Mario Delgado, relacionada con presuntas anomalías en el programa federal “La Escuela es Nuestra”, así como otros temas administrativos dentro de la institución.
A su regreso a Ciudad Madero, señaló que el director del plantel, Raúl Martínez González, convocó a una asamblea de padres de familia supuestamente para rendición de cuentas; sin embargo, aseguró que durante la reunión se leyó un documento donde fue señalada públicamente sin permitirle defenderse ni presentar pruebas.
La madre de familia afirmó que actualmente se le impide participar en actividades escolares y reuniones, situación que considera una represalia directa por exigir transparencia y denunciar irregularidades ante autoridades educativas.
Asimismo, indicó que ya presentó quejas ante Derechos Humanos, así como en áreas jurídicas y de participación social de la Secretaría de Educación Pública; no obstante, denunció que hasta el momento no ha recibido solución.
Meza Flores manifestó preocupación por el bienestar de sus hijas, de 9 y 10 años de edad, especialmente porque una de ellas requiere adecuaciones educativas debido a una condición neurodivergente. Finalmente, acusó que la medida vulnera tanto sus derechos como madre como los derechos de sus hijas, al impedirle ejercer plenamente la patria potestad dentro del entorno escolar.
