JOSÉ MEDINA / LA RED DE ALTAMIRA
VICTORIA. – Marte Alejandro Ruiz Nava, diputado de Morena, propone que se adicione al Código Penal el delito de la acusación o denuncias falsas, con el fin de sancionar a las personas que, por diversas causas, mediante estas pretendan afectar a otras utilizando para ello al aparato judicial de forma facciosa, en virtud de que nuestra Legislación Penal únicamente sanciona las falsas declaraciones, más no así la acusación o denuncias falsas.
En el cual se adiciona un Capítulo IX denominado Acusación o Denuncias Falsas que consta de los artículos 266 Bis y 266 Ter al Título Undécimo del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, al tenor de la siguiente:
Al que presente acusación, denuncia o querella en contra de otro, atribuyéndole un hecho determinado que la ley señale como delito, con pleno conocimiento de que ese hecho es falso, se impondrán, de dos a seis años de prisión y sanción pecuniaria por el equivalente de cincuenta a quinientas unidades de medida y actualización.
Asimismo, como reparación de daño se impondrá el equivalente de trescientas a quinientas unidades de medida y actualización. Sólo se procederá contra el autor de este delito, en virtud de sentencia ejecutoriada o auto de sobreseimiento dictado por el órgano jurisdiccional que hubiese conocido del delito imputado.
No se aplicará sanción alguna al autor de la acusación, denuncia, o querella, si los hechos en los que se basa son ciertos, aunque no constituyan un delito, y por error les haya atribuido ese carácter.
ARTÍCULO 266 Ter.- Si la conducta señalada en el artículo anterior la comete un servidor público, se duplicarán las penas y se impondrá la destitución del cargo, además la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión publica, hasta por el doble de la pena de prisión impuesta; excepto que la denuncia se haya realizado en ejercicio de sus funciones.
Informó que las denuncias falsas constituyen un delito que atenta contra varios bienes jurídicos, ya que genera una afectación a la impartición de la justicia al hacerla que se ejerza en forma indebida o innecesaria, así como al honor de las personas denunciadas.
Asimismo, el daño causado a la función judicial por las denuncias falsas se deriva del tiempo en vano que la autoridad le dedica a su atención mediante las actuaciones judiciales o policiales que deben efectuarse y que implican un menoscabo al erario público.
Esta iniciativa obedece a la necesaria atención de una realidad social, pues se trata de una problemática que existe y que debe de ser atendida para evitar que crezca y trascienda en forma negativa en detrimento de los principios fundamentales de la justicia, por lo que resulta necesario que legislemos para otorgar una solución a las acusaciones o denuncias falsas.
