La ley establece como obligación que todas las personas que formen parte del servicio público deben capacitarse en materia de perspectiva de género
La diputada de Nuevo Laredo Gabriela Regalado Fuentes, propuso establecer en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, la capacitación obligatoria de todas y todos los servidores públicos en materia de violencia de género, misma que se conoce como “Ley Micaela”.
José Medina / LA RED DE ALTAMIRA
VICTORIA.- La diputada de Nuevo Laredo Gabriela Regalado Fuentes, propuso establecer en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, la capacitación obligatoria de todas y todos los servidores públicos en materia de violencia de género, misma que se conoce como “Ley Micaela”.
Derivado de que Micaela García, fue una joven de 21 años nacida el 9 de agosto de 1995 en un lugar llamado Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, era integrante de agrupaciones políticas argentinas como “Ni una menos” y “Movimiento Evita”.
Según diferentes fuentes de información, el 1 de abril de 2017, en Gualeguay, Argentina, Micaela García fue violada y asesinada por Sebastián Wagner, quien tenía en ese momento libertad condicional por delitos de género. Sin embargo, la falta de capacitación ocasionó que el juez otorgara la libertad provisional al feminicida, esto, a pesar de la existencia de diferentes recomendaciones en el sentido de que no se brindara el referido beneficio temporal.
A raíz de su asesinato en 2017, surge la “Ley Micaela”, dicha ley establece como obligación que todas las personas que formen parte del servicio público deben capacitarse en materia de perspectiva de género.
La “Ley Micaela” es importante porque busca la capacitación en materia de género para toda persona que tenga un rol dentro del servicio público, de esta forma se brindan condiciones de aprendizaje sobre normas, figuras, estereotipos y conceptos relacionados con el tema.
Además, dicha capacitación constituye una herramienta más para obtener una visión de género en todas las áreas del servicio público y así promover la igualdad y la eliminación de todo tipo de violencias de género.
Así también, esta figura favorecerá a que las y los servidores públicos tengan un panorama claro de cómo prevenir y erradicar la revictimización, la cual surge a partir de que la persona que ha experimentado una situación de violencia de género es receptora de tratos injustos al entrar en contacto con las autoridades o instituciones encargadas de atender este tipo de casos.
En ese sentido, como ya se expuso, la presente iniciativa pretende establecer la obligación de todas y todos los servidores públicos, tanto de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de los Órganos Autónomos, Ayuntamientos, y en general, de todas las personas que desempeñen o formen parte del servicio público, cualquiera que sea su denominación, designación, elección, jerarquía o ubicación, pues solo a través de una capacitación permanente y completa es posible migrar hacia una perspectiva de género transversal en todas las áreas de la función pública.
De esta manera, la presente iniciativa incorpora la obligación de la capacitación en materia de género para todas las personas que desempeñen un cargo público, sea cual sea su naturaleza, función, jerarquía o relevancia.
Por ello, se incorpora a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, la obligación señalada, ya que dicha ley es la que concentra las exigencias para las y los servidores públicos y, en su caso, las consecuencias o sanciones cuando aquellas no se lleven a cabo.
Por otra parte, es importante destacar que este poder Legislativo se convertirá en un referente y un ejemplo nacional en la materia, generando un precedente fundamental en favor de los derechos de las mujeres, puesto que seríamos la primera entidad en promover y aplicar la denominada “Ley Micaela”.
