Por Raúl Hernández Moreno
Nada ha sido fácil en la historia de nuestro país. Nacimos como un imperio. Y nacimos en medio del júbilo. Miles de compatriotas salieron a recibir a Agustín de Iturbide – y no a Vicente Guerrero, que iba muy atrás—a su entrada a la Ciudad de México, consumada la Independencia. Meses después, Iturbide fue fusilado – y para colmo en tierras tamaulipecas—como si fuese un bandido, cualquier hijo de vecino. Atrás quedaron sus aplaudidores.
Luego de esa breve aventura en el primer imperio mexicano, el país adoptó un gobierno republicano, contra el no pudo el segundo imperio, el de Maximiliano de Habsburgo. Y ahí sigue el pacto republicano, refrendado en la Constitución de 1857 y en la de 1917.
El pacto federal es muy claro, y está un neófito en la doctrina del derecho lo sabe: tenemos tres poderes, cada uno goza de autonomía; y tenemos 32 entidades, cada una con su propia autonomía, pero adherida al pacto federal, al gobierno federal, pues. Pero por lo visto esto no lo entiende el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y por eso crea la figura de los delegados estatales, que sujetándonos a las facultades políticas que se les quiere atribuir, vendrían siendo una especie de vice-presidente, con un poder por encima del que tienen los gobernadores.
Por eso protestaron los 12 gobernadores del PAN, incluido Francisco Javier García Cabeza de Vaca. De presentar un recurso de revisión constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no van a tener problema para ganar.
Y el mismo destino van a tener cualquier inconformidad que el INE, el INEGI, el Banco de México, el INAI, la CNDH o la UNAN, entre otros organismos autónomos, presenten en caso de que el gobierno obradorista insista en vulnerar su autonomía, establecida en la Constitución.
La misma Suprema Corte está haciendo valer su autonomía en temas como los salarios mínimos. Si López Obrador quiere ganar 88.36 pesos diarios está en su derecho, pero no puede obligar a los ministros adoptar la misma medida.
Hasta las próximas consultas dizque populares podrán ser rebatidas en los tribunales, porque para hacerlas será necesaria la intervención del INE. Ya no las podrá hacer un partido político, como sucedió con los dos ejercicios de caricatura ya realizados.
Bien dice el diputado Glafiro Salinas que en Tamaulipas queremos un estado libre y soberano, que trabaje de manera coordinada con el gobierno federal, pero no supeditado a un delegado federal surgido de cuestiones políticas, no por un asunto de organización o simplificación.
A Francisco Cabeza de Vaca lo eligieron más de 720 mil tamaulipecos; a Ramón Gómez Leal, solo una persona: el dedo mágico.
En este, como en muchos otros temas, el Presidente electo tiene que serenarse. Llegó al poder por una elección democrática, no por una asonada. Si hubiese llegado al poder de manera violenta, sería natural que actuase de manera arbitraria, sin respeto a nadie, pero ese no fue su caso. Hay un pacto federal y se debe sujetar al mismo.
