Por Raúl Hernández Moreno
Primero en Ciudad Juárez el Tribunal Electoral de Chihuahua anuló el triunfo de Morena y se lo asignó al actual alcalde, que se reeligió por la vía independiente.
Después vino lo de Nuevo León, en donde el Tribunal Electoral de Nuevo León anuló el triunfo del PAN en Monterrey y Guadalupe, y se los asignó al PRI.
No está perdida la batalla aún, en ninguno de los tres casos. Morena y el PAN pelean en el Tribunal Federal Electoral y buscan que este organismo revierta la sentencia del Tribunal Estatal.
En Tamaulipas, el Tribunal Estatal desecho más de una veintena de recursos de inconformidad presentados por los partidos, que no quedaron satisfechos con el recuento de los votos consignados en las actas de escrutinio.
En el pasado, cuando no existía un órgano electoral autónomo, lo que ocurrió hasta 1990, la judicialización de los procesos electorales no se daba en los tribunales sino en las calles y en mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación y en las oficinas de los gobernadores.
En 1985, el PRI ganó la elección de diputado federal, con ventaja en la mayoría de las casillas. Por arte de magia, la victoria se le asignó Carlos Cantú Rosas. El PRI protesto, Arnulfo Tejada riño con Cantú Rosas, el abogado Alejo Hernández los separo y la victoria se mantuvo para el PARM.
Tres años después se repitió la historia: Enrique Reséndez le ganó en todas las casillas a Jesús González Bastién, pero el triunfo se le adjudicó al PARM, con el argumento de que Reséndez era americano. Lo justo hubiese sido darle oportunidad al PRI de nombrar un sustituto, pero pudo más el poder político de Cantú Rosas.
Por supuesto, el PRI hizo lo mismo en muchas ocasiones. Lo del PARM fue una de cal por muchas de arena.
Hasta antes del IFE, hoy INE, había uno y mil trucos para cometer fraude. Después de la elección, la gran mayoría de los perdedores se justificaban argumentando fraude y pretendían que con su sola palabra era suficiente para creerlo.
Hoy, con todo y el INE, la Fepade, el Trife, con candados como boletas foliadas que se pueden firmar, copias de las listas nominales en poder de los partidos, credenciales confiables, tinta indeleble, con funcionarios de casillas elegidos al azar, aún persiste la versión del fraude. Aunque es más mito que verdad.
Y como se sigue hablando de fraude, se da la judicialización de los procesos, siempre a cargo del que pierde, porque nuestros políticos son efecto negativo en los votantes apartidistas, esos que batallaron para decidir por muy curiositos: Si ganan es porque fue una elección democrática; si pierden hubo fraude.
Lo malo de la judicialización de los procesos es que puede tener un quién votar y después resultó que se anuló la votación de su casilla, porque a alguien se le ocurrió actuar de manera irregular.
¿Y mi voto?, dice el apartidista, pues en el cesto de la basura.
