Por Raúl Hernández Moreno
El ministro Juan Luis González Alcántara propone a sus otros 10 compañeros del Poder Judicial, declarar inconstitucional la reforma propuesta por Morena, pero permitir la elección de los 11 ministros, así como de los magistrados del Tribunal Electoral.
Por su parte, los 1 600 magistrados y jueces federales actuales permanecerían en sus cargos. Todos ellos hicieron una carrera en el poder judicial para acceder a sus cargos. Los consiguieron por su preparación académica y experiencia. Por supuesto, esto no garantiza que estén libres de incurrir en actos de corrupción. Si es así, que se les castigue. Pero es infantil pensar que, al ser escogidos mediante una elección, se acabará la corrupción. Al contrario, habrá más.
Al mismo tiempo, 8 de los 11 ministros anunciaron la renuncia de sus cargos, a partir del 31 agosto de 2025, es decir, no participarían en la elección. Las que no van a renunciar son Yasmín Esquivel, Lania Batres y Loretta Ortiz, todas fanáticas de la 4T.
La reforma al poder judicial es inconstitucional, pero quienes conocen el sistema político mexicano saben que actualmente los ministros están sometidos a una serie de presiones políticas para que acepten la reforma.
Cuando el Estado mexicano se propone acabar con alguien, lo consigue, sea quien sea. Y se les destruye por la vía legal o la extralegal. Eso bien lo saben los ministros y es natural que doblen las manos. Nadie está obligado a ser mártir.
Por otra parte, el Congreso de Tamaulipas designó a Francisco Noriega como auditor superior del estado, durante los siguientes ocho años, es decir estará los cuatro años que restan a la administración del gobernador Américo Villarreal y cuatro años del siguiente.
Ya se hizo costumbre designar funcionarios en el área de combate a la justicia y corrupción que duran en el cargo más del sexenio en el cual se les escoge.
Irving Barrios Mojica se hizo cargo de la Fiscalía en 2016, cuando se llamaba Procuraduría, y estará hasta el 2027. Como lo designó el anterior gobernador, eso es malo para el actual.
Lo mismo va a pasar con Noriega, a finales del 2029: va a apestar.
Todas estas designaciones que trascienden el sexenio son legales, como legal es la designación de Irving Barrios, por más que se le acuse de estar al servicio.
Todo esto es criticable y requiere de una reforma legal para que los nombramientos de funcionarios encargados del investigar actos de justicia y corrupción, inicien y terminen con el gobernador en turno y esto aplica a nivel estatal y federal, aunque no en el caso de los organismos autónomos, en el que los titulares no pueden estar sujetos a las querencias del gobernante en turno y se les debe dejar en paz, para que hagan su trabajo. Si fallan, que se les destituya y sancione, pero sin chismes ni vendettas.
