Por Raúl Hernández Moreno
Con la decisión de la bancada de Morena de aprobar la reforma judicial en lo general y en lo particular, pese a que dos jueces federales ordenaron suspender su discusión, México dejó de ser un estado de derecho y el poder legislativo avasalló al judicial. Por el momento no hay división de poderes.
Los jueces Martha Eugenia Magaña López, de Morelos y Felipe Consuelo Soto, de Chiapas, a solicitud de un grupo de magistrados, ordenaron la suspensión del debate de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, el sábado 31 de agosto. Los magistrados son ciudadanos con derechos y ellos se quejan de que se les pretende despedir, sin indemnización, como cualquier trabajador.
Esta resolución puede ser atacada por el Congreso recurriendo a un tribunal de mayor jerarquía, pero en vez de eso, Morena decidió que el Poder Judicial invade competencias del Legislativo y continuó con la discusión. De esa forma el Legislativo ninguneó al Judicial.
Y si el Poder Judicial es el encargado de interpretar y hacer valer las leyes, entonces ¿quién debe resolver este asunto? En estos momentos lo hace el Legislativo, lo que es una arbitrariedad.
México dejó de ser un estado de derecho. Morena puede destruir al Poder Judicial y despedir a los más de mil 600 jueces y sus 53 mil trabajadores, pero antes debe aprobar una reforma, reforma que el actual Poder Judicial debe revisar y determinar si está apegada a derecho, a lo que establece la Constitución.
En otra ocasión dijimos aquí, que más que una reforma judicial, Morena debe convocar a un constituyente y discutir y aprobar una nueva Constitución, en la que el país empiece desde cero y se pueda aprobar un poder judicial al servicio del legislativo y el ejecutivo, o ambos.
Cuando la reforma judicial sea aprobada por Morena, los actuales 11 ministros de la Corte van a revisar su constitucionalidad y la van a declarar anticonstitucional, entre otras razones, porque las leyes no se aplican de manera retroactiva. A ellos se les eligió por 15 años y lo mismo pasa con magistrados y jueces. No se les puede despedir por capricho.
Claro, todo lo anterior aplica en un estado de derecho, que por el momento no lo hay y Morena puede imponer leyes a capricho, sin que valgan las protestas.
Con una nueva Constitución, también deberían imponerse reglas para los diputados y exigirles que mínimo tengan preparatoria terminada, en una escuela con reconocimiento oficial, porque en la actualidad cualquiera puede ser diputado o senador, aunque carezca de instrucción académica. Nadie dice que tengan doctorados, pero sí que tengan estudios mínimos y que, además, no tengan fama de bandidos. Pero eso es mucho pedir.
En otro tema, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas dio a conocer que en las próximas semanas se van a inaugurar dos nuevos supermercados. Uno es una nueva tienda Soriana, en el cruce de avenida Monterrey y Anzures, en la colonia Los Fresnos y otra es una Bodega Aurrera, en avenida Rea y Segundo Anillo Periférico, en la colonia La Sandía. En conjunto ambos negocios darán empleo a 400 personas.
Estas empresas contribuyen a la consolidación económica de Nuevo Laredo.
Por otra parte, en Reynosa se llevó a cabo la firma de un convenio
colaboración entre el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes y el Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos, para brindar educación básica a los migrantes mexicanos que se encuentran en tránsito por Tamaulipas, informó el director general del ITM, Juan José Rodríguez Alvarado.
Señaló que en este ciclo escolar se han entregado más de 50 constancias a igual número de migrantes mexicanos, principalmente originarios de los estados de Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Guanajuato.
