Javier Claudio / LA RED DE ALTAMIRA
NUEVO LAREDO.- El Gobierno del Estado debe legislar para ir en contra de asociaciones que engañan a la gente con la regularización de vehículos, declaró el abogado Carlos Sánchez Cortázar, presidente de la Barra Colegiada de Abogados de Nuevo Laredo.
“Debe legislarse para sancionar aquellos organismos o asociaciones por cometer un fraude, pues estas no tienen ninguna autorización para otorgar placas o engomados con las que según todo vehículo puede circular por el país y menos cobrar impuestos aduaneros”, dijo.
Su comentario fue en relación a que el Congreso de Baja California aprobó recientemente la reforma al dictamen 31 y 32 propuesto por el gobernador del estado, Jaime Bonilla, en el que en primera instancia penaliza hasta por nueve años de prisión a personas u organizaciones que regularicen los llamados “autos chocolate”.
Destacó que si bien el Estado no puede regularizar vehículos, sí puede legislar para ir en contra de las asociaciones que engañan a la gente porque prácticamente existan o no la asociaciones, el que te cobre o exijan pago de una cantidad, te den placas un engomado y según pueden andar por toda la República, es un engaño.
Asintió en ser una buena decisión la reciente legislación del estado de Baja California, al determinar que comete delito de control vehicular, toda persona que sin autorización de la persona competente promueva o expida cualquier tipo de documentos, insignias o engomados con la promesa o convicción que con ellos podrá circular en vehículos automotrices que no cuenten con documentos que acrediten su estancia legal en territorio del estado.
Abundó el abogado, al citar que la regularización de los vehículos paga un impuesto aduanero y es de competencia federal. Lo referente al Congreso de Baja California es enfocado a las asociaciones como la FONAPA y las asociaciones de trabajadores del campo que cobran cierta cantidad de dinero y te dan recibo y una placa de su asociación y dicen que éstas son respetadas por el Gobierno Federal y es una farsa o fraude, en ese sentido es la legislación del estado de Baja California en contra de esas asociaciones que engañan a la gente.