Por Juan R. de la Sota
Los maestros tienen que cumplir con su compromiso, obligación y responsabilidad de ofrecer la enseñanza-aprendizaje hasta en una zona de guerra y si se oponen, no sería criticable ni injusto se les suspenda del servicio, pues argumentar la existencia de un ambiente de inseguridad a la zona que fueron comisionados, no es justificación para que dejen sin educación a niños y jóvenes de varios municipios.
Su argumento, es inaceptable, todos los que trabajamos corremos riegos por la existencia de infractores de la ley y no por esta amenaza nos vamos a quedar en casa debajo de la cama para no poner en riesgo nuestras vidas, por lo que su justificación de no ir a trabajar a municipios violentos, no es plausible, es irresponsable, desairada y atentatoria a su vocación de servicio.
Si mantienen su postura de no impartir clases en zonas conflictivas y de riesgo, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, tendría que aplicarles las sanciones correspondientes hasta llegar al cese de los maestros incumplidos y de inmediato comisionar a profesores valientes, responsables y comprometidos con la educación, de los cuales hay muchos y que pese a saber los riesgos que corren, sí aceptarían acudir a impartir clases a municipios considerados como inseguros.
Los mentores que han fijado esa postura, olvidaron su compromiso y lealtad al ejercicio de la educación cuando recibieron el título de profesor y esto la sociedad en su momento habrá de reclamárselos, pues no es correcto que se deje sin educación a la niñez y la juventud. Es como si un soldado, se opone ir a la guerra, porque ahí habrá mucha violencia, esa es su chamba y tendrá que tomar al toro por los cuernos para poder cumplirla.
Su justificación es rechazada, porque enfrentan la misma inseguridad y ambiente de violencia que padecen todos los ciudadanos. Ni modo que se les ofrezca un soldado o un policía a cada maestro para que los proteja cuando se dirigen a las escuelas y al momento de impartir clases.
La Secretaría de Educación ha venido enfrentando problemas con algunos maestros, al negarse a a aceptar los comisiones a zonas rurales y con alto nivel de violencia, lo que provoca adversidades en el sistema de enseñanza-aprendizaje.
La Secretaría de Educación de Tamaulipas, afirmó que están siendo desairadas las plazas ofrecidas a zonas de difícil acceso en los municipios de Reynosa, Camargo y San Fernando.
Las autoridades educativas están tomando medidas emergentes, para cumplir con llevar la educación a los niños y jóvenes, como organizar eventos con el objeto de ofrecer esas plazas que nadie ha aceptado.
Esa negativa de los maestros miedosos e irresponsables, podría ocasionar no se cuente con mentores suficientemente preparados, ya que se echaría mano de docentes a los que se dispensaría el perfil de idoneidad.
La autoridad educativa, no debería estar batallando con maestros que pisotean su vocación de servicio y el compromiso con la educación, dado que hay muchos profes que están esperando plaza para irse a trabajar a donde los manden, los cuales si no son los idóneos, pues debe capacitárseles para que cuenten con el nivel de preparación necesario para estar frente a grupo y ofrezcan una enseñanza-aprendizaje de resultados que se refleje en una mejor preparación de los alumnos egresados.
Cambiando de tema, la dirigente estatal del PRI, Yahleel Abdala Carmona, debería incluir en su agenda y votación del Consejo Político Estatal, la expulsión del ex dirigente Sergio Guajardo Maldonado, por perverso, malvado, ladroncillo, abusivo y nocivo, al dejar al instituto tricolor sin dinero y con un montón de deudas con la autoridad electoral.
El priismo estatal tiene derecho y merece se le informe qué hizo Guajardo Maldonado, con el dinero del financiamiento público. Tiene que ser sancionado por su irresponsabilidad, al ser el culpable de que al PRI, el INE le aplicara gran cantidad de multas y por consecuencia resultara afectado el presupuesto del partido.
Guajardo no pudo evitar las multas de la autoridad electoral y esto motivó que el PRI destinará más del 50 por ciento de su presupuesto de prerrogativas al pago de las mismas. El PRI recibe anualmente más de 37 millones de pesos por concepto de financiamiento público y el cual le fue reducido a más de la mitad por sanciones aplicadas por el Instituto Nacional Electoral. Yahleel Abdala, tendrá que autorizar el pago de multas por egresos no comprobados, registros contables no apegados al catálogo y captura en destiempo al sistema integral de fiscalización del Instituto, irregularidades cometidas por “Checo” Guajardo.
El ex dirigente Guajardo, dejó un PRI endeudado, sin dinero, desprestigiado, con problemas legales, sin militancia, con juicios laborales, con comités municipales sin edificios y sin una plantilla laboral, porque a muchos trabajadores despidió, sin liquidarlos de acuerdo a lo establecido en la Ley Laboral.
“Checo” Guajardo, dejó un PRI destrozado y sólo irá al próximo juego electoral a dar lástima, porque no tendrá poder económico ni humano para competir con éxito, a excepción de que la nueva líder del priismo estatal logre una coalición con los partidos Morena o el PAN, los cuales le podría dar vida en las representaciones populares, aunque con este último partido es muy difícil haga alianza, pues jamás se podrá mezclar el agua con el aceite.
En otro asunto, en el campo universitario también se practican los juegos democráticos, al permitir la participación libre de los alumnos y maestros para elegir a sus nuevos directores y cuyas acciones han trascurrido en un ambiente de civilidad, respeto y apegado al marco jurídico y a los reglamentos internos de las instituciones educativas.
Comentó lo anterior, ya que para asumir la titularidad de la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT, Campus Ciudad Victoria se registraron cuatro aspirantes que participarán en un proceso vigilado por una comisión integrada por personas honorables y responsables.
El proceso de selección para la dirección de dicha Facultad inició este día, registrándose cuatro aspirantes.
Se registró Fernando Quintanilla, Kenia Garza Reyes, Armando Villanueva, ex magistrado y Taydé Garza Guerra, ex titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Todos los aspirantes son catedráticos de la misma Facultad, quienes se entrevistaron con maestros y alumnos, para posteriormente presentar la documentación en la mesa organizadora de elecciones.
Este próximo miércoles se darán los veredictos de aceptación e inmediatamente tendrán los candidatos unas horas para recorrer la escuela y hacer proselitismo en su favor.
El jueves 8 de Noviembre se realizará el proceso de votación en el interior de la Facultad de Derecho. No se descarta se registre declinación o alianza entre 2 o 3 de los candidatos para formar un solo frente.
Entre los alumnos y maestros existe tranquilidad, por lo que se vaticinan unas elecciones en paz y dentro del marco de la legalidad.
El dato: Todos debemos estar unidos para enfrentar y vencer las enfermedades, por lo que tenemos que apoyar a quienes solicitan ayuda para atacarlas. Solidarizarnos y aportar algo a quien pide ese respaldo es un acto humano que mucho se agradecerá. Una desesperada madre de familia del municipio de Altamira, dedica todo su esfuerzo y mucho más para obtener apoyo con que curar a su hija. Exhortó a las autoridades y a la ciudadanía para que su pequeña hija Karla de cinco años sea sometida a una operación de manera urgente.
A Karlita le surgió una enfermedad de alto riesgo en su garganta y que pone en peligro su vida, por lo que Norma Sugey Lara Ponce, madre de esta menor, pide se le apoye con adenoamigalectomía bajo anestesia general, mismos que en un hospital privado tiene un costo de 50 mil pesos. Los interesados en ayudar a Karlita se pueden comunicar al número celular 8334437718.
