Por: Juan R. de la Sota
En los últimos diez años el combate a la corrupción por parte del Gobierno, es un asunto constante y que toma fuerza, luego que varios ex gobernadores fueron encarcelados por incurrir en ilícitos
Ya no son los tiempos aquellos en los que se perpetraban abusos de poder e impunidad, donde campeaba el saqueo de bienes muebles, inmuebles y robo de dinero del sector público a la vista de todo el pueblo y sin que nadie aplicará la ley.
Hoy existe un marco jurídico adecuado para llevar al fresco bote a quienes a base de la ilegalidad y prepotencia se enriquecen y viven una vida de reyes con una total desfachatez y burla hacia la autoridad.
Ante ello, muchos que fueron funcionarios en el sector público y que cometieron ilegalidades en el desempeño de sus funciones para acumular fortuna, deberán estar nerviosos, pero es su culpa por la ambición de poder económico, por lo que tendrán que enfrentar la acción de la justicia, si es que son requeridos.
Se realizaron gran cantidad de reformas a las legislaciones federal y local que establecen una serie de requisitos para la comprobación de la distribución y gasto del dinero público, incluso, aunque hayas dejado de ser servidor público puedes ser requerido para hacer las aclaraciones o comprobaciones solicitadas sobre el uso de los recursos.
Los tiempos cambiaron, todo tiene que comprobarse y si los funcionarios no quieren ir a la cárcel, deberán conducirse con legalidad, transparencia y honestidad en el manejo de los recursos públicos.
Además, los servidores públicos deben tomar en consideración que el poder es para servir a la gente, a través del marco legal y si lo usan para acciones que van en contra de la ley, tengan la seguridad que serán despedidos de inmediato y si se les tipifica un delito serán procesados y encarcelados.
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, estableció un plan para el combate a la corrupción que llevó a la cárcel a varios ex funcionarios públicos por abusos de poder y cometer actos ilegales.
Más que una determinación propia, tuvo que actuar contra los corruptos, pues era ya una exigencia de la sociedad, la cual veía como los que ejercían el poder público se estaban robando su dinero y enriqueciéndose a través de acciones ilícitas que dañaban enormemente a los ciudadanos.
En Tamaulipas, el Gobierno de los Vientos de Cambio, encabezado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, inició acciones para combatir la corrupción e impunidad.
La Procuraduría General de Justicia del Estaco, realiza trabajo para aplicar la ley a aquellos que en el pasado cometieron delitos y ya comenzó a encarcelar a altos ex funcionarios estatales. Lo cierto es que existe un nerviosismo entre muchos ex funcionarios, pero el que nada debe nada teme.
La fiscalía del Estado continúa su chamba y se asegura que realiza varias averiguaciones para aplicar la ley a varios ex funcionarios estatales que en el pasado cometieron actos ilícitos.
También comenzó a requerir el pago de adeudos a todos aquellos ex servidores públicos que enfrentan adeudos fiscales, pues es interés del Gobierno recaudar dinero a través del pago de impuestos para invertirlos en las obras que están demandando los tamaulipecos.
La sociedad demanda se aplique la ley a quienes verdaderamente cometieron delitos y que personas inocentes no sean víctimas por venganza o revanchismo político.
En otro asunto, los priistas mal agradecidos como Felipe Garza Narváez, Eduardo Hernández Chavarría y otros politiquillos convenencieros y traidores, deben considerar que el PRI no ha muerto y que de un día para otro estará más vivo que nunca y si en estos momentos no puede ofrecerles chamba y lo abandonan, en su momento habrán de recibir el castigo del priismo estatal.
Los priistas que abandonaron a su partido evidenciaron su deslealtad y traición, se les olvidó que por el PRI tienen para comer, vestir y curar sus enfermedades, pues con la chamba que durante muchos años les dio lograron hacer grandes fortunas, como es el caso de Felipe Garza, quien es propietario de un rancho ganadero y agrícola y Eduardo Hernández, de varios empresas.
No van a negar que esa fortuna, la obtuvieron con el poder que les otorgó el PRI, porque jamás se les ha visto trabajando de albañiles y carpinteros.
Por cierto, estos son dos de los ex diputados que deberían ser investigados por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues no sería mucho el esfuerzo que se aplicaría para comprobar si la fortuna de estos y otros ex representantes populares, es de procedencia lícita.
La sociedad merece saber que la riqueza que lograron Eduardo Hernández y Felipe Garza, no fue mediante el robo de los recursos públicos, ya que durante muchos años ocuparon importantes puestos públicos en la administración pública y si así fuese, pues que se les aplique le ley.
Quizás el iluso del ex líder del Congreso de Tamaulipas, Felipe Garza Narváez, abandonó al PRI y pidió asilo en MORENA, para sortear un posible proceso penal en su contra por irregularidades que pudiese haber cometido cuando fue legislador.
Es un iluso, porque está seguro que Andrés Manuel López Obrador, ganará la Presidencia de la República y está muy equivocado, pues al tabasqueño no ganara las próximas elecciones, ya que la mayoría no está de acuerdo con su forma de gobernar.
Por su parte, el ex diputado Eduardo Hernández Chavarría, pretende, no ser candidato, sino encontrar protección en el PAN, ya que en cuanto a corrupción este individuo que se dice tampiqueño, no canta mal las rancheras, pues difícilmente podrá comprobar que su gran fortuna la obtuvo de manera legal.
El dato: El Alcalde de Victoria, Oscar Almaraz Smer, reforzó sus acciones para gestionar más recursos que se invertirán en la realización de diversas obras en beneficio de los diversos sectores sociales.
Almaraz Smer, se trasladó a la ciudad de México, para iniciar el cabildeo de recursos de cara al 2018 en diferentes instancias, comenzando en el Congreso con los diputados federales.
Presentó a los legisladores proyectos ejecutivos, entre los que destacan pavimentaciones con concreto, asfalto, conservación de caminos, construcción y equipamiento de áreas verdes, educativas, alumbrado púlico, entre otros.
En esta primera etapa se reunió con varios diputados federales tamaulipecos, de quienes recibió el respaldo, a fin de lograr mayores beneficios para los victorenses.
