Rechazaron que alguien en nombre de la libertad sindical realizara actos ilegales, provocando conflictos y lucrando con el conflicto e intereses de los trabajadores
Los presidentes de los comités nacionales de la Confederación Patronal Mexicana, la Cámara de la Industria de la Transformación y del Consejo Nacional de Maquiladoras, emitieron este jueves su respaldo al Estado de derecho y a la aplicación de la ley, en el caso de la abogada Susana Prieto Terrazas, quien estuvo detenida por delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares.
ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS.- Los presidentes de los comités nacionales de la Confederación Patronal Mexicana, la Cámara de la Industria de la Transformación y del Consejo Nacional de Maquiladoras, emitieron este jueves su respaldo al Estado de derecho y a la aplicación de la ley, en el caso de la abogada Susana Prieto Terrazas, quien estuvo detenida por delitos cometidos contra servidores públicos, motín, amenazas y coacción de particulares.
El documento fue firmado por Gustavo de Hoyos Walther, presidente de COPARMEX; José Enoch Castellanos Férez, presidente de Canacintra; y Luis Alonso Aguirre Lang, presidente de INDEX.
Los dirigentes de las agrupaciones manifestaron su respaldo total a los derechos sindicales y a la libertad de los trabajadores a organizarse, pero rechazaron que alguien en nombre de la libertad sindical realizara actos ilegales, provocando conflictos y lucrando con el conflicto e intereses de los trabajadores.
Prieto Terrazas es asociada en el documento distribuido por las agrupaciones por su presunta participación en paros y acciones ilegales que ocurrieron entre enero y mayo del 2019 en el municipio de Matamoros.
“En la mayoría de los paros ilegales, fue la buena disposición entre patrones y trabajadores con la mediación de autoridades locales y la aceptación de condiciones ilegitimas forzadas por la abogada Prieto Terrazas, como se pudo superar el conflicto y reiniciar las operaciones en las plantas industriales”, indica el comunicado de las organizaciones y dirigido a la opinión pública. Agrega que: “Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas por la Constitución a ser garantes de los derechos laborales, pero también de la seguridad pública, la propiedad privada, el libre tránsito y el derecho al trabajo. Estamos a favor del diálogo social entre el gobierno, trabajadores y patrones, y rechazamos enérgicamente la permisividad de la injerencia extranjera en asuntos nacionales de carácter laboral”.
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