José Medina / LA RED DE ALTAMIRA
VICTORIA.- La diputada local Imelda San Miguel informó que las reformas constitucionales enviadas por el titular del Ejecutivo Federal, afectan la división de poderes, la autonomía de las instituciones e implican un inminente retroceso constitucional para nuestro país.
Manifestó que lo que el presidente de la República busca con este paquete de reformas es regresar a los tiempos de centralismo presidencial y autoritarismo; razón por la cual, quienes suscribimos la presente acción legislativa estimamos necesario emitir el exhorto propuesto a fin de evitar que se dañe en gran medida el Estado de Derecho.
Declaró que al igual que todo lo que hace el partido en el poder, las reformas propuestas por el titular del Ejecutivo Federal carecen de sentido común, pues, pretenden elevar a rango constitucional muchas acciones que no pudieron concretar en estos cinco años de gobierno y, más preocupante aún, no consideran los recursos con los cuales habrán de operar estas acciones, por lo que, inevitablemente, se convertirán en letra muerta.
Agregó que actualmente existen 11 organismos públicos autónomos y, curiosamente, los que López Obrador pretende desaparecer son aquellos que le han hecho frente ante decisiones caprichosas.
Y admitió; “Por si todo eso fuera poco, el titular del Ejecutivo Federal propone la desaparición de organismos como los institutos Nacional Electoral (INE), Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) y Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como las comisiones Federal de Competencia (COFECE), Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH), para traspasar sus funciones a las secretarías de Estado.
Las modificaciones que se proponen para las instituciones jurisdiccionales son en extremo preocupantes, pues, de esta manera se busca doblegar a quienes imparten justicia, tal y como ya lo ha intentado en otras ocasiones disminuyendo injustificadamente sus recursos institucionales y prestaciones laborales.
Asimismo, se remite nuevamente al Congreso una iniciativa para que la Guardia Nacional deje la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se pase a las filas de la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual ya había sido aprobada por el Congreso pero que fue echada para atrás por la Suprema Corte al considerarla una medida anticonstitucional, ya que el origen de esta corporación no es militar, sino civil.
Esto deja manifiesta la intención de militarizar al país, dando cada vez más poder a las fuerzas armadas”.
Dejó en claro que no están en contra de todas las reformas enviadas por el titular del Ejecutivo; y siempre estará a favor de las propuestas que tengan un beneficio para las y los mexicanos, particularmente, para las y los tamaulipecos.
Pero que la realidad es que gran parte de las reformas enviadas al Congreso de la Unión son un retroceso histórico, legal y social para nuestro país.
