Transnacionales detrás del cierre del Tribunal Agrario: Central Cardenista
*El dirigente de la Central Campesina Cardenista, Mario Alberto Reyes Cantú, calificó la reubicación como un golpe para los trabajadores del campo y acusó que los Tribunales Agrarios operan en función de grandes inversionistas. “Hay intereses chinos, coreanos y de otros países que están influyendo en estas decisiones”
Eduardo Garcia / LA RED DE ALTAMIRA
ALTAMIRA, TAM.- La Central Campesina Cardenista denunció que el cierre del Tribunal Unitario Agrario en Altamira responde a intereses económicos de empresas transnacionales afectando el acceso a la justicia agraria en la región.
Mario Alberto Reyes Cantú, coordinador nacional de la organización, respaldó la protesta de los campesinos, quienes desde hace una semana mantienen un plantón frente a las instalaciones del Tribunal en rechazo a su traslado a Ciudad Victoria.
“El problema no es el dinero, sino los intereses que están detrás de esta decisión, especialmente en un puerto industrial como Altamira, donde se obedece a presiones externas”, afirmó Reyes Cantú.
El dirigente calificó la reubicación como un golpe para los trabajadores del campo y acusó que los Tribunales Agrarios operan en función de grandes inversionistas. “Hay intereses chinos, coreanos y de otros países que están influyendo en estas decisiones”, señaló.
El Tribunal Unitario Agrario de Altamira cerró oficialmente el 31 de enero, y desde el 4 de febrero trabajó a puerta cerrada para trasladar los expedientes al Tribunal Unitario de Ciudad Victoria.
Con esta reorganización, los campesinos de Altamira, Aldama, Ciudad Madero, El Mante, González y Xicoténcatl deberán acudir a la Capital del Estado, mientras que los de Tampico ahora serán atendidos en Ciudad Valles, San Luis Potosí.
“Estamos aquí porque consideramos que esta lucha es justa. Vamos a esperar una respuesta favorable y acompañaremos a los compañeros hasta donde ellos decidan”, declaró Reyes Cantú.
El Tribunal Superior Agrario justificó el cierre como parte de una redistribución de competencias, argumentando que la sede en Altamira, inaugurada en diciembre de 2022, debía integrarse a una jurisdicción más amplia para mejorar la operatividad del sistema.
Sin embargo, los manifestantes insisten en que la medida dificulta el acceso a la justicia para los campesinos y beneficia únicamente a sectores con intereses económicos en la región.
Asimismo mencionó que desgraciadamente, el Tribunal Agrario es autónomo desde 1992, con la Reforma al Artículo 27 de la Constitución, lo que hace que el Presidente o Presidenta de la República o el poder legislativo no tengan alguna ingerencia.
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