diciembre 7, 2022

Suman 22 exfuncionarios investigados por Contraloría

INCUMPLEN 437 EXFUNCIONARIOS LEY DE SERVIDORES PÚBLICOS, NO ENTREGARON DECLARACIÓN PATRIMONIAL FINAL

Como resultado del proceso de entrega-recepción, por oficio la Contraloría Estatal citará a quienes estuvieron al frente de la Secretaría de Administración y la extitular de la Contraloría Estatal, con el objeto de que aclaren situaciones que se observaron como presuntas omisiones o irregularidades al momento, confirmó Norma Angélica Pedraza Melo.


ARMANDO CASTILLO GUTIÉRREZ / LA RED DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS.- Alrededor de 22 presuntas irregularidades, entre estas dos que se estima daño al erario estatal o al patrimonio público, han detectado los órganos internos de control en diferentes dependencias del Gobierno del Estado.
Como resultado del proceso de entrega-recepción, por oficio la Contraloría Estatal citará a quienes estuvieron al frente de la Secretaría de Administración y la extitular de la Contraloría Estatal, con el objeto de que aclaren situaciones que se observaron como presuntas omisiones o irregularidades al momento, confirmó Norma Angélica Pedraza Melo.
Aparte de ello, en los primeros 24 días de este gobierno, también se identificó a 437 personas que debieron haber presentado su declaración patrimonial de modificación en mayo, las que también se están turnando a órgano de control interno para que se inicie el proceso.
En rueda de prensa con medios de comunicación, dijo que hay siete servidores públicos, en su momento en función, que incumplieron con las obligaciones de transparencia y de acceso a la información, que como presunta omisión de irregularidad o falta administrativa, también se inició proceso por parte de la autoridad investigadora.
Explicó que la Ley para el proceso de entrega-recepción, mismo que abarca los primeros 60 días de la nueva administración estatal, es un periodo en el que los titulares de dependencias y entidades que están llegando, tienen que hacer un análisis exhaustivo de los recursos materiales, económicos y humanos que han recibido.
El mismo plazo de 60 días tienen quienes salieron de la administración estatal anterior para presentarse y hacer las declaraciones que se les pida, en el marco de posibles discrepancias, inconsistencias o presuntas irregularidades que se hayan detectado.
“Ley de responsabilidades administrativas nos marca que se asume una presunta o irregularidad administrativa e inicia el proceso con la autoridad investigadora, que tendrá el espacio para integrar los elementos y posterior pasa a autoridad sustanciadora y se deberá calificar como falta grave o no grave”, abundó.
La Contralora aseguró que la misma Auditoría Superior de la Federación (ASF) auditó y emitió observaciones que hasta ahora no han sido solventadas.