La decisión fue tomada por la Comisión de Substanciación y Resolución Procedimental de dicho Tribunal
El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Tamaulipas ordenó la suspensión temporal de una jueza adscrita al sur del estado, luego de detectarse posibles irregularidades en un procedimiento que habría vulnerado los derechos de una menor.
Especial / LA RED DE ALTAMIRA
ALTAMIRA. – El Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de Tamaulipas ordenó la suspensión temporal de una jueza adscrita al sur del estado, luego de detectarse posibles irregularidades en un procedimiento que habría vulnerado los derechos de una menor.
La decisión fue tomada por la Comisión de Substanciación y Resolución Procedimental de dicho Tribunal, que resolvió aplicar la medida de forma inmediata ante la gravedad de los señalamientos.
De acuerdo con la información oficial, la suspensión tiene carácter preventivo y no representa un juicio anticipado sobre la responsabilidad de la funcionaria.
El proceso administrativo continuará su curso con apego a derecho y respetando las garantías del debido proceso.
El Poder Judicial reiteró que no tolerará conductas contrarias a la ley dentro de su estructura y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez, destacando que el interés superior de niñas, niños y adolescentes es prioridad en todas sus actuaciones.
Por motivos legales y de protección de datos personales, la identidad de la jueza fue reservada durante el desarrollo de la investigación.
Sin embargo, trascendió que en septiembre pasado el entonces presidente del Poder Judicial, Hernán de la Garza Tamez, reconoció la existencia de una indagatoria en contra de Roxana Ibarra Canul, titular del Juzgado Tercero Familiar de la ciudad judicial de Altamira, presuntamente por una actuación irregular en un juicio de patria potestad.
El caso se originó el 26 de agosto, cuando la juzgadora ordenó retirar la patria potestad de una menor a su madre, Gabriela Salazar Bujanos, para otorgarla al padre, Alejandro Ávila Limas, sin notificar al Sistema DIF municipal.
Tras esa determinación, la menor fue sustraída del domicilio materno y entregada al padre.
Posteriormente, una autoridad federal revocó la resolución y restituyó la patria potestad a la madre.
No obstante, Ávila Limas y la niña permanecieron ilocalizables, motivo por el cual se activó una Alerta Amber para su localización, hasta que por fin la niña fue entregada a su madre.
La suspensión preventiva de la jueza se mantendrá vigente mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente.
