Especial / LA RED DE ALTAMIRA
ALTAMIRA. – El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Hernán de la Garza Tamez, confirmó que será el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial el que determine la situación de la jueza Roxana Ibarra Canul, señalada por presuntas irregularidades en juicios de custodia.
Ibarra Canul, adscrita al Cuarto Juzgado Familiar de Altamira, acumula al menos seis denuncias en su contra.
El más reciente expediente surgió luego de que ordenara retirar la custodia de una menor a su madre, Gabriela Salazar, para entregarla a Alejandro Ávila, quien enfrenta señalamientos por violencia familiar.
La resolución generó protestas en la zona sur del estado, donde colectivos y activistas acusaron que no se aplicaron protocolos con perspectiva de género ni se priorizó el interés superior de la niñez.
De la Garza Tamez explicó que, al conocerse las denuncias, se abrió de oficio una investigación y se designaron tres visitadores para indagar el caso.
Detalló que el procedimiento continúa y, de extenderse más allá del 30 de septiembre, será competencia del Tribunal de Disciplina Judicial emitir la resolución correspondiente.
“La investigación está en curso por parte de la Visitaduría Judicial y, si se determinan elementos suficientes, se dará vista primero al Consejo de la Judicatura y posteriormente al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial”, precisó.
El magistrado aclaró que la jueza no será removida de su cargo durante el proceso, aunque tendrá que comparecer en audiencia para ejercer su derecho de defensa.
En caso de acreditarse responsabilidad, podría recibir una sanción administrativa.
Este no es el único caso bajo revisión, ya que en semanas recientes, los jueces Aldo René Rocha Sánchez y Ariel Luna Casados también fueron señalados por supuestamente no garantizar la seguridad de víctimas en procesos penales. Sin embargo, la Visitaduría Judicial resolvió a su favor al considerar que, en un expediente, la Secretaría de Seguridad Pública clasificó a los imputados como de bajo riesgo con aval del Ministerio Público, mientras que en otro se justificó el cambio de medidas cautelares.
