Con valor de $1.2 MDD, adquirida con recursos originados por presuntas malversaciones
En la demanda, se establece que la propiedad fue comprada a nombre de la esposa de Fernando Alejandro Cano Martínez, actualmente prófugo de la ley en Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos que habría cometido en complicidad de Yarrington Ruvalcaba, detenido en el 2017 en Italia y extraditado a los Estados Unidos en abril del 2018 en donde permanece preso.
ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS.- El Gobierno de Tamaulipas inició un proceso legal para recuperar una propiedad de $1.2 millones de dólares, adquirida con recursos originados por presuntas malversaciones cometidas por el exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba, a través de esquemas de desvío de dinero público por medio de prestanombres.
Con esta demanda, se solicitará a un juez del sur de Texas sea reintegrada al patrimonio estatal una propiedad que consta de tres lotes, ubicada en Brownsville, Texas, la cual fue adquirida con recursos del Gobierno de Tamaulipas.
En la demanda, se establece que la propiedad fue comprada a nombre de la esposa de Fernando Alejandro Cano Martínez, actualmente prófugo de la ley en Estados Unidos por lavado de dinero y otros delitos que habría cometido en complicidad de Yarrington Ruvalcaba, detenido en el 2017 en Italia y extraditado a los Estados Unidos en abril del 2018 en donde permanece preso.
Durante la administración del exgobernador Yarrington, Cano Martínez habría obtenido múltiples contratos por ejecución de obra pública, y de acuerdo a las acusaciones que existen en Estados Unidos, parte del dinero obtenido del pago de esas obras fue entregado a Yarrington Ruvalcaba.
Debido a ello, el Gobierno de Tamaulipas está solicitando a las autoridades estadounidenses que declaren ilegal la compra de los terrenos y sea declarada propiedad del Gobierno de Tamaulipas, por tratarse de un bien adquirido con recursos erogados de la administración estatal.
Las firmas de abogados Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC, con sede en New York, New York, Hance Scarborough, LLP, ubicada en Austin, Texas, y Ray Thomas Law Group, con oficinas en McAllen, Texas, representan al Gobierno de Tamaulipas en este caso.
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