Por: Susuki Esmeralda G.
Tamaulipas está cansada de contar muertos. Muertes de menores de edad que no llegaron a la escuela porque alguien violentó su cuerpo y les arrebató la vida o las ganas de vivir. Personas de todas las edades que no llegaron a su casa porque alguien rompió el límite de velocidad.
Por eso, el Congreso local puso sobre la mesa dos decisiones que no dejan a nadie indiferente: castración química para violadores de menores y sanciones reales en carreteras estatales. Una busca contener la violencia sexual. La otra, la violencia vial. Ambas nacen del mismo lugar: el hartazgo social ante tanta violencia y tantas muertes.
Diputados locales revivieron la discusión sobre la castración química para violadores. El planteamiento es simple y brutal: si no controlas tu instinto, te lo controlamos con una jeringa. Hay quien aplaude. Hay quien se persigna. Y hay quien pregunta, con razón, si un sistema que muchas veces no puede integrar correctamente una denuncia será capaz de administrar tratamientos médicos obligatorios.
El 3 de junio, el diputado Gerardo Peña Flores subió a tribuna con cifras que duelen. La violación ocupa el sexto lugar entre los delitos cometidos por hombres privados de la libertad en México. Representa más del 6 % de la población penitenciaria. Pero el dato que quiebra es otro: cuatro de cada diez víctimas de violación son menores de 15 años y, en la mayoría de los casos, el agresor es alguien cercano, del entorno familiar.
Peña propuso reformar la Constitución local para garantizar la no repetición y el Código Penal para imponer la castración química a violadores de menores, además de la llamada “muerte civil”: excluirlos de por vida de programas sociales del Estado. La iniciativa ya tiene eco en MC y Morena.
La propuesta no es nueva. A nivel federal ya se ha llevado a tribuna en distintas ocasiones. El argumento es simple: reducir la reincidencia. El contrapeso también: organizaciones de derechos humanos la consideran un trato cruel e irreversible.
El otro tema es la entrada en vigor de la nueva Ley de Tránsito en Carreteras. La idea es aplicar sanciones que reduzcan la imprudencia al conducir y, con ello, el número de accidentes y muertes en carretera para quienes creen que las vías Victoria-Matamoros, Victoria-Tampico y muchas otras son pistas de NASCAR. Ahora habrá radares, fotomultas y cero tolerancia al exceso de velocidad. El objetivo es noble: que dejen de morir familias enteras en cada periodo vacacional. El riesgo es el de siempre: que el operativo termine siendo más negocio que prevención. En este sentido, muchos ciudadanos temen convertirse en víctimas de nuevas extorsiones durante estas revisiones por parte de elementos deshonestos.
Ambos temas duelen, pero nos confrontan con lo mismo: la falta de límites. Unos cruzan la línea del respeto al cuerpo ajeno. Otros cruzan la raya amarilla a 180 kilómetros por hora. En ambos casos, hay víctimas que nunca pidieron estar ahí.
El debate sobre la castración química divide opiniones. Organismos defensores de derechos humanos ya han señalado que se trata de una medida cruel. Víctimas y colectivos aplauden que por fin se hable de castigos reales y no de “abrazos”.
Con la ley de tránsito ocurre algo similar. Nadie quiere más cruces con nombres y fechas a la orilla de la carretera. Pero todos desconfían del agente que esconde el radar detrás del mezquite. La solución no puede consistir únicamente en castigar: también implica educar, reparar las carreteras cuyos baches y deterioro provocan accidentes mortales y contar con policías que no pidan “para el refresco”.
Lo que es un hecho es que se debe prevenir. Pero también castigar con certeza, no con ocurrencias.
La Guardia Estatal de Tránsito recibió facultades que muchos consideran los “dientes” que antes le faltaban. Desde julio, sus 78 elementos distribuidos en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, El Mante y la zona sur ya pueden aplicar multas en carreteras estatales. Antes solo orientaban; hoy sancionan el exceso de velocidad, el consumo de alcohol al conducir y la falta de cinturón de seguridad.
Las sanciones urgen. Tamaulipas cerró 2025 como la quinta entidad del país con más muertes viales ocurridas en el lugar del accidente: 97 personas. En todo el año hubo 698 siniestros y 392 lesionados. Solo en el periodo decembrino 2025-2026, Protección Civil reportó 90 accidentes y entre 30 y 32 fallecidos. Enero de 2026 dejó otros 20 muertos en tramos como Victoria-Zaragoza y Zaragoza-Llera.
Las causas son las mismas de siempre: velocidad, alcohol, celular e imprudencia. Pero también existe responsabilidad del Estado. Muchos tramos carreteros llevan años sin mantenimiento, sin acotamientos y sin división central. Chocan tráileres con autobuses. Se vuelcan familias enteras. Además, estos accidentes generan cuantiosas pérdidas económicas cada año.
El problema es que la ciudadanía no cree. Desconfía del radar escondido detrás del mezquite, del tránsito que pide para el refresco y de la multa que llega mientras el bache permanece.
Un solo problema: dos síntomas
Castrar químicamente al violador y multar al cafre no son ocurrencias aisladas. Son síntomas de una sociedad que no supo prevenir. Un violador cree que puede tomar un cuerpo sin consecuencias. Un conductor cree que puede tomar la carretera como pista de carreras. Ambos operan bajo la misma lógica: “No pasa nada”. Durante años, en muchos casos, efectivamente no ha pasado nada y la impunidad ha continuado.
La castración química no devuelve la inocencia. La fotomulta no resucita a quien murió en el kilómetro 29 de la carretera González-Llera. Pero ambas envían un mensaje: se acabó la impunidad.
El riesgo es que todo quede en un titular. Que la Suprema Corte tumbe la reforma por inconstitucional. Que los 78 agentes de tránsito no alcancen para vigilar los 2,364 kilómetros de carreteras estatales.
Tamaulipas no solo necesita más leyes. Necesita aplicarlas de manera pareja. Necesita atención real para las víctimas, no solo discursos. Necesita rehabilitación para agresores, no solo castigo. Necesita carreteras dignas, no solo radares. Necesita policías sin corrupción, no solo más patrullas.
La sociedad ya decidió. No quiere más niños rotos. Ni más cruces en la orilla de la carretera.
Ahora falta que el Estado decida si va en serio o si seguiremos contando tragedias por montones.
¡Hasta la próxima entrega, saludos cordiales desde El Averno!
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