POR CARLOS MARÍN
Lo que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó ante los padres de Los 43 como “informe institucional” sobre la matanza está plagado de afirmaciones aventuradas, acusaciones globalizadoras, vaguedades y deducciones descabelladas que, a seis años de la noche de Iguala, enturbia todavía más el horrendo caso.
Al intervenir en la reunión del sábado que encabezó el presidente de la República, el funcionario bocetó una conspiración de dudosa credibilidad con una narrativa más política que ministerial que hace recordar la hilvanada por su predecesor, el ex procurador Jesús Murillo Karam, seis semanas después de cometido el crimen y que, aun si lo que dijo fue mentira, al menos tuvo lógica.
La “verdad” alternativa del fiscal (ojo: no es precisamente opuesta) se distingue de la “histórica” de manera tan extrema que no se entiende por qué no ha solicitado las órdenes de aprehensión para acusar de desaparición forzada, asesinato, delincuencia organizada y lo que resulte contra Enrique Peña Nieto, Murillo, el ex gobernador Ángel Aguirre, el divisionario en retiro y ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero; se complementen las acusaciones que ya pesan sobre Genaro García Luna y Tomás Zerón de Lucio y se persiga a todos los policías estatales, federales y ministeriales; peritos en fuego (varios son extranjeros), criminología y criminalística, jueces y demás ex servidores públicos que abarcan afirmaciones como estas:
“Ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”.
Pero enseguida redujo todo a dimensiones municipales: “Los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico que han estado asentadas en la ciudad de Iguala…”.
Y volvió a magnificar: “El Ejecutivo federal, para ocultar y encubrir sus colusiones, primero acusó a las autoridades locales y, como eso no le dio el resultado que esperaba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad del caso”. Craso error: la PGR tuvo el caso en sus manos desde las 9 de la noche con 45 minutos del 26 de septiembre 2014. No atrajo el expediente con la investigación de la Fiscalía estatal porque ésta declinó su competencia.
Más del falaz “crimen de Estado”: “El gobierno de la República se convirtió en el operador de un encubrimiento generalizado, para lo cual detuvieron y torturaron masivamente a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente para que después se vinieran abajo todos esos procesos…”.
Una superchería semejante a la fantasiosa confabulación que se gestó cuando un pobre diablo mató a Luis Donaldo Colosio.
