ESPECIAL / LA RED
CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada del PRI en el Senado presentará una propuesta para modificar el artículo 45 de la LGIPE, pues señala que buscan revertir la concentración de atribuciones en favor del titular del INE y menciona que la defensa de la colegialidad no debe convertirse en defensa de inmovilidad.
La propuesta conserva la facultad de la presidencia para formular la propuesta inicial sobre los nombramientos de titulares de la Direcciones Ejecutivo y de las Unidades Técnicas del Instituto, pero devuelve al Consejo General del INE la facultad de designación definitiva por cuando menos ocho votos.
A la vez, se establece que la propuesta deberá presentarse dentro de los 20 días hábiles siguientes a una vacante definitiva; que la información curricular y la documentación que acredite los requisitos del cargo deberán publicarse antes de la votación, y que, si una candidatura no alcanza los ocho votos, deberá presentarse una persona distinta dentro de los 10 días hábiles siguientes.
Esta modificación también señala que si dos propuestas consecutivas para ocupar algún cargo no alcanzan la mayoría calificada, se habilita a cuando menos tres consejeros electorales para presentar candidaturas alternativas, pero la designación definitiva seguirá requiriendo ocho votos.
“En el INE, la colegialidad constituye una garantía de independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, y no una formalidad prescindible”, señala la propuesta del PAN.
También establece que la presidenta del INE tendrá la facultad de proponerle al Consejo General el nombramiento de los Directores Ejecutivos y titulares de las Unidades Técnicas del Instituto.
Y propone en los artículos transitorios que dentro de los 30 días naturales de la entrada en vigor de estas modificaciones, el Consejo General del INE revisará los nombramientos que hizo Guadalupe Taddei para verificar que estas persona cumplan con los requisitos, así como evaluar
la bancada del PAN en el Senado sostiene que la autonomía de la autoridad electoral no solo descansa en su separación formal de los poderes públicos, sino en su diseño institucional que evite que las decisiones de “mayor trascendencia” dependan de la voluntad de una sola persona.
