Estaremos vigilantes para que este caso no quede impune y se transparente todo lo relacionado con los recursos públicos
La diputada local, Magaly Deandar, afirmó que siguen de cerca las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas sobre el presunto desvío millonario de recursos públicos en el Ayuntamiento de Reynosa, en el que están señaladas dos funcionarias municipales cercanas a la familia Peña Ortiz.
Julio Manuel Loya Guzmán / LA RED DE ALTAMIRA
REYNOSA. – La diputada local, Magaly Deandar, afirmó que siguen de cerca las investigaciones que realiza la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas sobre el presunto desvío millonario de recursos públicos en el Ayuntamiento de Reynosa, en el que están señaladas dos funcionarias municipales cercanas a la familia Peña Ortiz.
En entrevista, Deandar mencionó que tiene conocimiento detallado del caso, pero subrayó que será importante esperar los resultados que arrojen las indagatorias encabezadas por el Fiscal Anticorrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco.
“Estaremos vigilantes para que este caso no quede impune y se transparente todo lo relacionado con los recursos públicos”, afirmó.
Las funcionarias señaladas son la ex directora de Comunicación Social, y hoy regidora Karla Luna, quien actualmente radica en Texas, y Maricela Gutiérrez, ambas investigadas por su presunta participación en un esquema de contratos inflados a medios de comunicación.
Según las denuncias, el Gobierno de Reynosa habría pagado más de 300 mil pesos por mes a una página de Facebook con apenas 10 seguidores, lo que encendió las alertas por un posible desvío de recursos y uso indebido de atribuciones.
Hace unos días, el fiscal Govea Orozco declaró que, a raíz de un reportaje periodístico que reveló estas irregularidades, su dependencia inició una investigación de oficio.
“Estamos tomando nota de ello, no teníamos una denuncia al respecto, pero con este tipo de información, que ya son datos objetivos y concretos, podemos actuar”, expresó.
Los delitos que podrían configurarse en este caso incluyen peculado, desvío de recursos públicos y abuso de funciones, los cuales conllevan penas que van desde tres meses hasta 14 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
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