Primitivo López / LA RED DE ALTAMIRA
NUEVO LAREDO.- Además de las desapariciones forzadas por 30 elementos de la Marina, entre febrero y mayo de 2018, también figura el asesinato de una familia por disparos de armas de fuego desde un helicóptero, a la 1 de la mañana, el 25 de marzo de 2018.
La familia murió cuando se dirigía a su domicilio, a bordo de un automóvil buik color azul, modelo 1989 en el que viajaban seis personas 2 adultos y 4 menores.
Las víctimas fueron la señora Nallely Aide Ruiz Martínez, de 28 años de edad, y sus dos hijas, Chelsea Abril Rojas Ruiz de 6 años y Kenia Azul Rojas Ruiz de 4 años
Resultaron gravemente heridos Efraín Rojas Santos de 25 años y una menor de 12 años, Lesly Ruiz Martínez, una menor que salió ilesa de nombre Kennedy.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 4/2019, en la que señaló que se acreditó que, además de la muerte de dos niñas y su madre, el ataque causó daños a la integridad de otras tres personas, a las que los marinos omitieron brindar auxilio.
Los resultados preliminares de la investigación los impactos de bala que recibió el personal civil provinieron del desde el aire.
La familia circulaba de oriente a poniente por el bulevar Luis Donaldo Colosio y 100 metros antes de llegar al entronque a carretera a Piedras Negras, Coahuila, fueron atacados por elementos de la SEMAR desde el helicóptero.
Las víctimas dijeron a la CNDH que, luego del ataque, el personal de la Marina observó el vehículo en el que se encontraban las personas lesionadas y se retiró del lugar sin brindarles auxilio.
El argumento de la Marina de que su personal había sido atacado con disparos de arma de fuego y respondieron la agresión, la CNDH “constató que la aeronave no presentaba daño alguno, por lo que el uso de la fuerza letal no cumplió con las características de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad”.
TESTIMONIOS
Analí Ruiz Martínez, madre de menor ilesa, relató que “empezaron a balacearlos, tenían a mi cuñado herido ahí apuntándolo, todavía encañonándolo con la pistola. El de la Marina se acerca y se asoma al carro y mira a las niñas heridas y dice: “Es familia, es familia, mándale la ambulancia”, y se fueron, los dejaron ahí. Nunca les dieron auxilio.
Raymundo Ramos Vàzquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dijo que “hay dos investigaciones en curso, una por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y otra por parte de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina se adelantó apresuradamente a deslindarse, pero no le corresponde a la Marina determinar la responsabilidad, sino a la Procuraduría General de la República, lo que diga la Marina en estos momento carece de valor jurídico”
En la CNDH consta que “los disparos realizados se dirigieron hacia vehículos y personas que no representaban riesgo o peligro para el personal naval que empleó una ametralladora que tiene la capacidad de disparar tres mil proyectiles por minuto”.
También registró que aun cuando los efectivos navales argumentaron que en ese sitio habían sido atacados con disparos de arma de fuego y respondieron a la agresión, se constató que la aeronave no presentaba daño alguno, por lo que el uso de la fuerza letal no cumplió con las características de legalidad, estricta necesidad y proporcionalidad, y su empleo devino en arbitrario y contravino lo establecido en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
El Manual del uso de la fuerza de aplicación común a las tres fuerzas armadas y las diversas directivas sobre la observancia de los derechos humanos y que regulan el uso de la fuerza por parte del personal naval en cumplimiento de sus funciones, además de violentar diversos artículos de la Constitución Federal, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, relacionados con el derecho a la vida e integridad personal.
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