Italia Soler / LA RED DE ALTAMIRA
MADERO. – Tras la suspensión temporal de una jueza en el sur de Tamaulipas por presunta vulneración de los derechos fundamentales de una menor, la diputada local Eva Reyes Guevara, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, llamó a fortalecer la protección de la infancia dentro del sistema judicial y recordó que escuchar a los niños debe ser una obligación ineludible para toda autoridad “La escucha de los niños, el saber interpretar su llanto, su desesperación y su angustia, es una obligación ya contemplada en todo lo que tiene que ver con la violencia contra menores y adolescentes”, subrayó la legisladora, al referirse al caso que, dijo, ha conmocionado no solo a Tamaulipas, sino también a todo el país.
Eva Reyes destacó que la suspensión de la funcionaria judicial debe servir como un llamado de atención y una oportunidad para mejorar los protocolos en los tribunales familiares. “Ojalá este hecho sirva de aviso y protección adicional para todos los menores que actualmente se encuentran involucrados en procesos judiciales, ya sea como víctimas o testigos, porque aún hay mucho por hacer en materia de justicia infantil”, expresó.
La diputada señaló que la falta de sensibilidad hacia la voz de los niños sigue siendo una deuda pendiente en México y en Tamaulipas. “Tenemos que hacer muchísimo por ellos, escucharlos en un proceso judicial es un tema importnte y debemos llevarlo a los estándares donde el bien principal sea siempre el menor”, apuntó.
Asimismo, celebró que el Poder Judicial esté actuando con mayor firmeza y transparencia frente a los casos donde existen posibles irregularidades. “Es una gran noticia, porque antes no se veía que una jueza o juez fuera sancionado por no cumplir con los protocolos, eso da confianza a la ciudadanía, porque demuestra que hay justicia cuando se actúa mal”, afirmó.
Por ultimo dijo que este tipo de resoluciones fortalecen la confianza pública en las instituciones judiciales, al tiempo que garantizan que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean prioridad en toda actuación del Estado.
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