EN EL CONGRESO DEL ESTADO
Como antecedente, el diputado Isidro Vargas Fernández señaló que “En 2021, en este Congreso, se reformó la Ley de Seguridad Pública para asignar al gabinete y gobernador en turno Cabeza de Vaca, escolta y vehículos blindados para cuando concluyera su administración en 2022”.
ESPECIAL / LA RED DE ALTAMIRA
TAMAULIPAS.- El Congreso del Estado recibió una acción legislativa encaminada a eliminar de la Constitución Política de Tamaulipas, la disposición que brinda protección a ex servidores públicos una vez concluida su encomienda, las cuales fueron turnadas para su análisis y dictamen.
Como antecedente, el diputado Isidro Vargas Fernández señaló que “En 2021, en este Congreso, se reformó la Ley de Seguridad Pública para asignar al gabinete y gobernador en turno Cabeza de Vaca, escolta y vehículos blindados para cuando concluyera su administración en 2022”.
Refirió, que los exfuncionarios de la pasada administración, incluido Cabeza de Vaca, generan un gasto del erario público, de forma mensual, por más de 1 millón 100 mil pesos, “Solo por concepto de nómina”.
Estimó conveniente que la Constitución Política Local, sea modificada para que se elimine lo relativo al tema en mención en el segundo párrafo de la fracción I del Artículo 19 BIS de este máximo ordenamiento en la entidad, a fin de que impere la igualdad que debe prevalecer en los habitantes del estado sin distingos o privilegios sin sustento.
Por su parte, el legislador Javier Villarreal Terán, propuso modificar el Artículo 165, para establecer que la Constitución, podrá ser reformada y adicionada, pero para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que previamente sea tomada en cuenta, la iniciativa de reformas o adición, por la declaratoria de la mayoría de los Diputados presentes y que sea aprobada cuando menos por las dos terceras partes de los miembros del Congreso.
Con ello, se elimina el segundo párrafo vigente, el cual menciona entre otros aspectos, que una vez aprobada una Iniciativa de reforma o adición, se deberá enviar para aprobación de los ayuntamientos.
Al referirse a esta propuesta, mencionó que quienes en el pasado modificaron este instrumento legal, en el año 2021, lo hicieron para establecer obstáculos procesales, requiriendo la intervención de los municipios.
