Por Raúl Hernández Moreno
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento, voto por voto, de la elección de Puebla, donde el Instituto Electoral le entregó la constancia como ganadora a la panista Martha Erika Alonso, con un millón 153 mil 079 votos, 122 mil 036 más que su cercano competidor, el morenista Miguel Barbosa, que obtuvo un millón 31 mil 043 sufragios.
El recuento lo hará la propia Sala Superior, a través de la Sala Regional de Toluca, el próximo sábado 22.
Se antoja prácticamente imposible que Morena pueda obtener en este recuento más de 122 mil votos extras –- o que se los quiten al PAN — para que se puedan revertir los resultados.
Lo grave es que existe el antecedente de que el 12 de julio, Andrés Manuel López Obrador se reunió con los representantes electos de Morena y ahí dijo: “Para nosotros el gobernador electo de Puebla es Miguel Barbosa”.
Es grave el comentario porque viene de quien para ese momento ya era el Presidente electo y en un país donde nos acostumbramos al presidencialismo que el próximo mandatario diga en público algo así se presta a pensar que un órgano que en teoría es autónomo, como lo es el TRIFE, decida una resolución de este tipo para quedar bien con el próximo Tlatoni.
Independientemente de que el recuento confirme el triunfo del PAN, o lo revoque, el daño a la credibilidad del TRIFE estará hecho.
Después del 1 de julio, estamos viendo a un Presidente electo que por un lado sigue en campaña e insiste en seguir siendo candidato, pero por otro lado se comporta como si fuese un Luis XIV, como si el Estado fuese él, y quiere decidir por el Congreso, por el Poder Judicial, por los organismos autónomos, por la UNAM, por el Banco de México.
Vivimos en una república, no se puede concentrar el poder en una sola persona, al menos no en forma tan abierta. El Presidente debe al menos guardar las formas y dejar que los otros poderes sean los que den a conocer sus decisiones.
En el reciente proceso electoral hemos visto fallos de los tribunales electorales, ya sea el federal o locales, que provocan controversia. Se revocó el triunfo de la alcaldía de Monterrey a Felipe de Jesús Cantú, del PAN y se le entrego a Adrián de la Garza del PRI. Lo mismo pasó en Guadalupe, se le canceló el triunfo del panista Pedro Garza y se le dio a Cristina Díaz, del PRI; en Juárez, se revocó la victoria a Javier González de Morena que había ganado la alcaldía y se le otorgó al independiente, Armando Cabada; en el distrito III de Yucatán se canceló el triunfo de la candidata a diputada federal por el PAN, Patricia Patrón Laviada y se le dio al de Morena, Roger Aguilar Salazar; en Xalapa se canceló el triunfo de la candidata a diputada federal por Morena, Daniela Griego Ceballos, por incumplir los requisitos de elegibilidad y entró en su lugar la suplente.
Todos estos fallos han sido controversiales, dejan contentos a unos y molestos a otros. No hay un convencimiento de que se trate de fallos legales, sino de acciones políticas.
