Por: Juan R. de la Sota
Si a nuestros gobernantes les preocupa el grave perjuicio que el denominado gasolinazo está generando a los mexicanos en general y aseguran solidarizarse con un pueblo agraviado por los contantes incrementos a los diversos servicios públicos y productos de la canasta básica, deberían demostrar su apoyo donando parte de su elevado salario que ayude a cubrir los gastos en los hogares de cada una de las familias.
La propuesta incluye que el Presidente de la República, los Gobernadores, los Senadores, Diputados Federales y de los Congresos de los Estados, Magistrados, Alcaldes, Regidores, Síndicos, delegados federales, así como funcionarios de primer nivel de todo el País y de organismos públicos descentralizados, se le reduzca el sueldo.
Ello, para que se integre un fondo y el dinero se destine a todas las familias para la compra de alimentos, pago de energía eléctrica, agua potable, drenaje, entre otros servicios y así combatir levemente el aumento a las gasolinas y el incremento al precio de los artículos de primera necesidad.
Esa solidaridad también debería extenderse y exigirse a otros que reciben presupuesto del Gobierno, comenzando por los partidos políticos, a los cuales no les pasaría nada si se les reducen hasta en un 50 porciento el financiamiento públicoy se otorga para subsidiar los gastos en el hogar.
Por la medida adoptada por el Gobierno de la República, según, para evitar una fuerte crisis económica que impactaría de manera bastante dañina a toda la población, reitero, los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como los Poderes Legislativo y Judicial y todos sus funcionarios tendrán que ajustarse el cinturón, si es que velan por mejores condiciones de vida y la tranquilidad de los ciudadanos.
Y me refiero a que el ejercicio público lo realicen con un gasto austero, olvidándose de despilfarrar recursos improductivamente, pero sobretodo disminuirse las compensaciones, regalitos, viáticos y otras medidas ahorrativas que mantengan fuertes las finanzas que ayuden a la sociedad en estos momentos difíciles.
En esta etapa de desesperación, angustia y preocupación para la sociedad, el Gobierno, debería privilegiar sus acciones de apoyo a los hogares, estableciendo programas de respaldo alimentario, educativo, de salud y seguridad pública, pues sólo así mantendrá la tranquilidad ciudadana, porque si no lo hace, para que soporten el gasolinazo, se elevarán los movimientos de inconformidad del pueblo agraviado.
El Gobierno tiene poco tiempo y lo más pronto posible deberá emprender acciones que calmen la molestia de los mexicanos por esas medidas económicas que, por cierto no ha quedado claro del porque se aplicaron.
Por cierto, los actos vandálicos en centros comerciales y bloqueos de carreteras registrados en algunos estados del país, de ninguna manera se justifican y son movimientos ilegales que tienen que ser castigados con todo el rigor de la ley, toda vez que en el caso de el cierre de las vías de comunicación, la justicia o los derechos individuales no se exigen,violando la ley.
Los empresarios que fueron víctimas de los actos vandálicos tienen fuertes inversiones en sus comercios y registran grandes pérdidas, lo que provoca la cancelación de sus operaciones y se retiren de territorio nacional y por consecuencia se van miles de empleos, por ello que hay que brindarles protección y seguridad.
En lo referente a los bloqueos de carreteras, miles de personas resultan afectadas, principalmente los trabajadores y el comercio nacional e internacional, toda vez que esto paraliza la actividad productiva y genera fuerte pérdidas millonarias.
El Gobierno tendrá que reforzar sus acciones de protección y seguridad en las carreteras, en los comercios, en oficinas públicas, en las empresas y a todos los ciudadanos, porque de lo contrario en poco tiempo no habrá quien circule o visite Tamaulipas, lo cual afectaría la política que se promueve para una entidad con mayor desarrollo, seguridad, paz, bienestar y tranquilidad.
En Tamaulipas, estoy seguro que eso no sucederá, porque los ciudadanos siempre han respetado la ley y dentro del marco de sus derechos siempre han exigido justicia.
