Armando Castillo Gutiérrez / LA RED DE ALTAMIRA
A estas alturas del año, en la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, debería haber avances significativos en las denuncias que se interpusieron contra exfuncionarios públicos de la anterior administración estatal.
Y es que, constitucionalmente, el estándar probatorio exigido es de un nivel mínimo, es decir, aquel que permita establecer la posibilidad de que se haya cometido un hecho irregular, que sin duda, debe estar documentado en esas investigaciones, consideró Jesús Eduardo Govea Orozco.
El consejero jurídico de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), estableció que de las denuncias que se han venido impulsando, es evidente que existen elementos suficientes como para justificar la información, que hacen presumir la existencia de hechos con apariencia de delitos, “que en lo jurídico, no le veo problema”.
Sin embargo, no consideró como intencional un posible retraso en la investigación por parte de la Fiscalía, donde consideró “existe una capacidad de respuesta insuficiente, porque el personal involucrado en estas áreas es poco”.
Al hablar del avance que pudiera tener la Fiscalía, dijo referirse a la integración de las investigaciones, recopilación de la información por la policía indagatoria, entrevista de testigos, citatoria de involucrados, pero admitió que la falta de personal, pudiera ser una de las causas.
“Falta capacidad de respuesta en recursos humanos, materiales, pero más en operadores, es decir, policía, peritos y agentes del ministerio público suficientes que garanticen que las investigaciones se van a llevar de manera expedita, no solo de estos, sino de todos los casos”, insistió.
Mientras disponen de cambios o remoción de funcionarios públicos, viene a entorpecer el avance de estas como otras investigaciones, porque se trata de un área que debería estar totalmente integrada, con funcionarios suficientes que atiendan este y todos los casos, sostuvo.
El procedimiento penal, como opera, de lo que requiere es de datos de prueba, de indicios, que permitan justificar a grado de sospecha, que se cometió un hecho que la ley señala como delito.
Sin embargo, si no se dispone del personal operativo suficiente, de una u otra forma se retrasa el trabajo en la dependencia encargada de la investigación y combate a la corrupción, concluyó.
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