Javier Claudio / LA RED DE ALTAMIRA
NUEVO LAREDO.- En el contexto “la unión hace la fuerza”, así se refirió Fernando Rodríguez Garza, presidente del Consejo de Instituciones, a la reciente integración del proceso jurídico que recién inició el gobierno municipal con el respaldo de la sociedad civil para protestar la obra de la autopista San Fernando-La Gloria.
“En lo personal nos sentimos sumamente satisfechos de la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y gobierno sobre un tema que desde hace varios años habíamos reprobado por ser un fiasco la autopista San Fernando La Gloria”, dijo.
Destacó que la integración de una carta firmada por todos los organismos de la sociedad en protesta a una obra mal hecha, adquiere mayor relevancia en la posibilidad de resultados con el proceso jurídico abierto por el gobierno municipal a cargo de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas.
“Esa obra está irregular del todo en su operación al no estar ni siquiera entregada como debe ser a través de un acto protocolario por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)”, declaró.
La ruta exprés de 49 kilómetros, desde los primeros meses de operación le fue solicitado a la SCT el cumplimiento de algunas partes adicionales para seguridad de conductores y no recibieron respuesta.
“Es un insulto para la ciudadanía que ni siquiera ha sido entrega de manera formal la obra, que no cuenta con paraderos y que a decir de constructores tiene vicios ocultos, como son falta de señalización y pintura”, dijo.
“La suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno, fortalecerá la petición ante la SCT, pues debemos estar debidamente involucrados en la garantía de revisión en la garantía que según se dio por dos años”, agregó.
Expuso que, en el primer escrito enviado a las autoridades de gobierno federal, se solicitaba se cumpliera con los paradores cada cinco kilómetros, pero la empresa responsable de la obra respondió que eran muchos.
“Queremos conocer la operación y garantía de calidad de la autopista Laredo-La Gloria, por lo tanto, es necesaria una revisión de la garantía de la obra por dos años, los que no están muy lejanos de cumplirse”, asentó.
“Esa cobertura que contempla la ley es contra lo que se denominan vicios ocultos, que son aquellos detalles de la obra que en un momento no aparecieron de inmediato o bien después por dudosa calidad”, destacó Rodríguez Garza.
