Por Primitivo López
- * AMLO a INEGI
- * Gobiernos con “facturas piratas”
Este miércoles, 26 de septiembre, “del Año de Gracia 2018”, se cumplieron cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la Ciudad de México hubo marcha del Angel al Zócalo.
El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió con los padres de los 43 estudiantes y estableció tres Acuerdos:
1.- Crear una Comisión de la Verdad y la Justicia.
2.- EL 1 de diciembre emitirá un Decreto para crear dicha Comisión y
3.- La Secretaría de Gobernación cambiará su función porque ya no tendrá que ver con asuntos policíacos y espionaje sino sobre la protección de los Derechos Humanos.
Y es que por doquier existe una exigencia de que se reinicie la pesquisa.
En la Cámara de Diputados, Morena pasó lista a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y exigieron al gobierno reiniciar las investigaciones y crear la Comisión de la Verdad del caso Iguala.
Ante las imágenes de los jóvenes y el grito de “¡vivos se los llevaron vivos los queremos!”, el PRI salió en defensa del Presidente de la República diciendo que “no es un asesino” y que las investigaciones continúan.
Durante los posicionamientos del tema como parte de la agenda política de la sesión, la oposición acusó al gobierno de no dar resultados contundentes a 4 años de la desaparición “forzada” de los estudiantes, e insistieron en que se trató de un crimen de Estado, al cuestionar la “verdad histórica” de la PGR.
La presidenta en turno de la Mesa Directiva, Dolores Padierna, condujo la sesión y concedió la palabra a Adolfo Mojica (Morena), quien fue el primero en fijar el posicionamiento e hizo el pase de lista, ante padres y familiares de los normalistas que estuvieron presentes.
El coordinador de Morena, Mario Delgado, ofreció el apoyo de la fracción para que se llegue la resolución del caso, y sostuvo que la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes fue obstaculizada y saboteada desde oficinas gubernamentales.
Gerardo Fernández Noroña (PT) se refirió a la implicación del ataque artero a los estudiantes: “Ayotzinapa señalará por siempre a un asesino monstruoso que se llama Peña Nieto. Él es el responsable central de este crimen terrible”, aseguró.
En respuesta, a nombre del PRI, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán destacó que “el Presidente de la República no es un asesino” y que el caso no está cerrado.
María de los Angeles Gutiérrez (PAN) aseguró que es paradigmático este caso y que quedan muchas dudas sobre la actuación de las fuerzas de seguridad pública federal y locales.
El priista Luis Miranda señaló que “el entonces gobernador del estado, Angel Aguirre, como jefe de la entidad, sabía perfectamente lo que sucedía entre grupos delincuenciales en el estado.
El presidente municipal de Iguala encabezó el operativo con su policía y ésta disparó a estudiantes”.
La perredista Liliana Villafuerte recordó que Angel Aguirre (quien era miembro de su partido) fue obligado a dejar la gubernatura de Guerrero para facilitar el desarrollo de las investigaciones.
El diputado morenista Carlos Sánchez Barrios reveló que su sobrino, Martín Getsemany Sánchez García –hijo de su hermano Brígido-, es uno de los 43 desaparecidos.
La diputada Abigail Ku Escalante (MC) dijo que la desaparición de estudiantes oscureció aún más la ausencia de Estado de Derecho.
SANCIÓN A QUIEN GANE MÁS QUE YO.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en su administración ningún servidor público ganará más de 108 mil pesos mensuales, tope que se fijó para el titular del Ejecutivo, y advirtió que habrá sanciones si alguien incumple. Sobre la decisión del Inegi de aumentar el sueldo a su personal, el tabasqueño explicó que se aprobó la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que ningún servidor público gane más de 108 mil pesos mensuales.
Al respecto, Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que los aumentos de sueldo en el Inegi serán temporales y se tendrán que “echar para atrás”.
René Juárez Cisneros, coordinador del PRI, aclaró que “no ha entrado en vigor ninguna ley” que le prohíba al INEGI modificar las percepciones de sus trabajadores.
“FACTURAS PIRATAS.- Morena en la Cámara de Diputados analizará esta semana presentar una iniciativa que compare la emisión de facturas falsas con la delincuencia organizada, con multas de por medio y 10 años de prisión para los involucrados, ya que existen al menos 5 mil empresas en México que incurren en el ilícito, manifestó el diputado Alfonso Romo Cuéllar (Morena).
Dijo que “los clientes principales son la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México o fueron; gobernadores, dependencias públicas, universidades, que tienen más células que el propio crimen organizado dedicado al tráfico de drogas”, enfatizó.
Ramírez Cuéllar señaló a este diario que el robo de dinero público a través de facturas falsas es grave, ya que se calcula un desfalco de 300 mil millones de pesos al año, cifra que le parece conservadora. …Y Punto.