Carlos López Arriaga
Desde el 15 de marzo pasado, la tamaulipeca MÓNICA ROCA vive una larga pesadilla judicial en la Unión Americana tras su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles, California por presunta participación en delitos económicos.
La ex secretaria particular del DIF estatal era requerida por una corte federal de Corpus Christi, Texas, acusada de lavar dinero ajeno con propiedades, cuentas bancarias y compañías fantasma.
Su captura fue solicitada apenas una semana antes, el 8 de marzo, por el fiscal de la Corte del Distrito Sur de Texas (United States Attorney for the Southern District of Texas) el veterano abogado KENNETH MAGIDSON.
En medios regionales se especuló desde entonces que la detenida estaría en posibilidad de negociar algún acuerdo con la fiscalía en términos de mutuo beneficio.
Información a cambio de penalidades blandas. Se dice fácil, pero estamos hablando de una decisión que entraña un conflicto moral, un dilema escabroso en su fuero íntimo.
Salvarse a cambio de comprometer a sus amigos. En el entendido de que la autoridad estadounidense se encuentra hoy más interesada en sus superiores jerárquicos que en ella.
En este sentido, MÓNICA sería muy apenas la punta de la hebra, a partir de la cual podría ser destrabada una madeja completa de proporciones incalculables.
Datos duros, nombres, lugares, fechas, cantidades, operaciones de compra-venta y mucho más. Las variadas rutas del dinero, un mapa total de triangulaciones financieras.
Esta semana trascendió que se habría concretado con éxito la oferta específica para la acusada, que consistiría en reducir la pena corporal de 5 años a solo 18 meses de prisión.
Amén de que no podría abandonar territorio norteamericano durante los siguientes 4 años, en los cuáles deberá estar disponible para posteriores averiguaciones.
Ciertamente, cuando alguien transita por esta clase de procesos, le decomisan todo, propiedades, inversiones, depósitos, amén de comprometerse a proporcionar la información requerida (pelos y señales) sobre personas específicas.
EL CASO JAROCHO
Cabe pensar que, en los próximos meses, veamos desplegarse un esfuerzo similar en torno a la exprimera dama de Veracruz KARIME MACÍAS, cuyo apurado divorcio del exgobernador JAVIER DUARTE no parece haberla librado de problemas.
La dama se encuentra ahora en Londres, donde en octubre pasado solicitó formalmente asilo político, argumentando ser víctima de un proceso injusto.
Tras la caída de DUARTE, su escape y arresto en Guatemala, la posterior extradición y traslado a México, se dijo que la señora MACÍAS habría jugado un papel estratégico en una gigantesca red de corrupción calculada en 50 millones de dólares.
Más de ocho mil paisanos han firmado ya una petición dirigida a la primera ministra británica THERESA MAY para que niegue asilo a KARIME y permita que comparezca ante la justicia mexicana.
El reclamo tiene respaldo en declaraciones oficiales emitidas por el actual gobierno de Veracruz que la considera responsable de desviar fondos públicos para adquirir propiedades en el extranjero.
Y un rosario de cargos que, a fuerza de repetirse de una entidad a otra, parecen seguir un modus operandi.
Entre otras prácticas, el manejo venal de proveedurías y contratos de obra mediante un centenar de empresas falsas, blanqueo de capitales y defraudación fiscal.
El mandato de su exmarido está involucrado igualmente en abusos deleznables como el suministro de medicamentos apócrifos, exámenes falsos de VIH y quimioterapias “patito” aplicadas a niños con cáncer. Las reemplazaban con agua destilada.
Según datos aportados por el mandatario jarocho MIGUEL ÁNGEL YUNES, la señora sería vista ahora como la “cabeza de la hidra” en el descomunal saqueo a las finanzas de su entidad.
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