Raúl Hernández Moreno

El Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal revocó el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se pretendía imponer una veda publicitaria a funcionarios  y dirigentes nacionales de partidos políticos, a partir del 8 de septiembre en que formalmente inicia el proceso electoral 2017-2018.

El acuerdo había sido impugnado por 340 actores, desde partidos políticos, ciudadanos, funcionarios de los tres niveles de gobierno y concesionarios de radio y televisión. El citado acuerdo  había sido bautizado como “cancha pareja” y afectaba particularmente a Andrés Manuel López Obrador y a Ricardo Anaya, quienes desde el 2015 han aparecido en millones de spots de radio y televisión, lo que  ha sido cuestionado  por  directivos  de los otros partidos, además del PAN.

El acuerdo del INE  prohibía la contratación de espacios publicitarios  tanto con recursos públicos como privados y en el caso de los  funcionarios de los tres niveles que aspiran a un cargo de elección  popular  les prohibía promover actos públicos, bajo pena de considerarse actos anticipados de campaña.

El TRIFE determinó que el INE se excedía en sus  atribuciones, invadiendo la esfera del poder legislativo.

Ni modo,  vamos a tener que seguir  viendo a AMLO y Anaya en millones de spots. Los que los pueden parar son sus propios correligionarios. En el caso de Anaya, connotados panistas han intentado frenarlo, sin éxito y por lo que respecta a AMLO, los morenistas le tienen pavor. Nadie se va a  atrever a cuestionarlo.

Los funcionarios  públicos, de los tres niveles,  ya no están obligados a frenar su proselitismo, podrán seguir haciéndolo en los siguientes meses, sin  perjuicio de ser afectados.

La decisión del TRIFE  viene a lesionar la ya de por sí deteriorada  imagen del INE. Su credibilidad  cada vez es menor.  No solo es el organismo electoral más caro del mundo, sino que encima  cada vez son menos los que  creen en su imparcialidad. Y es lamentable,  porque  salvo la cúpula, el proceso electoral está ciudadanizado. Los ciudadanos que se limitan a votar y los que no lo hacen, no creen en la imparcialidad del INE.  Es posible que  confíen en su  familiar, amigo o vecino que   participa en la directiva de una casilla, pero no confían en que las autoridades del  INE sean imparciales a la hora de sumar los resultados contenidos en las actas de escrutinio.

Si a eso se le agrega que los perdedores se aferran a  asegurar que hubo  fraude, sin presentar pruebas, se complica más el asunto. ¿Cuándo veremos a perdedores dándole la mano a su adversario y  reconociendo que perdió  de manera limpia?

En el futuro debería  castigarse penalmente a los  candidatos y partidos que  denuncien un fraude y no lo demuestren. Hay que quitarles el  derecho a ofender, o de pataleo, como eufemísticamente lo llaman. Mientras no se les exija  cuentas,  seguirán   insistiendo en que  hubo  fraude, para  justificar su derrota.